Demanda marítima ante La Haya

UNA MIRADA DESDE LA TEORÍA DEL ESTADO (PARTE 3)

Omar Qamasa Guzman Boutier

Una de las manifestaciones de la sociedad chilena es precisamente la disparidad de criterios con respecto a la demanda boliviana, en relación a un acceso soberado al Pacífico. Mientras que en el caso chileno encontramos criterios dispares en la materia (que van desde el rechazo a la demanda boliviana hasta la aceptación de la misma, pasando por una serie de posturas intermedias), en el caso boliviano, inversamente, no ocurre lo mismo. Aquí, no vamos a encontrar opiniones de rechaza a la propia demanda de una salida soberana al mar. En lo que nos importa, estos cuadros nos remiten nuevamente a la reflexión con respecto al Estado y en último término, a la consistencia de uno u otro Estado sobre el problema. Esta consistencia  viene, pues, de la relación que mantiene cada Estado con su respectiva sociedad.

Es, en verdad, algo que permite mayor o menor consistencia estatal, según el caso. Pero hay que decir, a la vez, que ello no asegura ni el curso que seguirá el pleito legal en La Haya y menos, claro, el resultado del mismo. Con todo, estas diferencias en la consistencia nos están hablando también de la importancia que la temática tiene, en la ideología (aquí usamos el concepto en su sentido lado, como visión del mundo) del Estado. Nadie considera en Bolivia que el “tema marítimo” sea algo ajeno de lo que podemos llamar una visión nacional del mundo, es decir ajeno a la ideología del Estado boliviano. En Chile, al contrario, nadie podrá sostener seriamente que la demanda boliviana, anula la ideología (fuera cual fuera ésta) del Estado chileno.

En consecuencia podemos anotar que la temática contiene, para uno y otro Estado, distintas cargas ideológicas, políticas e históricas. Tal es así que, en el caso boliviano, luego de aquél momento constitutivo lejano, puede hablarse de momentos constitutivos sucesivos, como los de 1899 o 1952 (en el entendido que 2006 no es sino el desplazamiento del momento de 1952 hacia el polo nacionalista, con fuerte asiento social en el campesinado, en tanto cabeza del antindigenismo estatal). En este caso, efectivamente, la conformación del óptimo estatal no es sino un proceso de largo aliento que, sin embargo, ya comienza a despuntar como posibilidad real.

A diferencia de ello, en el caso chileno, se observa que la decadencia del óptimo, con la consiguiente pérdida hegemónica del discurso estatal, anuncia movimientos en lo profundo de la sociedad chilena. Estos movimientos tienen la virtud de demandar una readecuación en la relación con su Estado, es decir demandan un momento que reconstituya las cosas de nueva manera. Los tiempos estatales que uno y otro Estado vive son, por tanto, diferentes. Esta diferencia se expresará, entre otras, en también distintas capacidades de expresar a sus respectivas sociedades, o sea, en la capacidad de expresar la voluntad política de esas sociedades.

Bajo estas consideraciones generales, nos podemos preguntar ahora del por qué la corrupción y el antindigenismo del gobierno de Evo Morales en Bolivia y de Michel Bachelet en Chile, tienen efectos distintos en la ecuación Estado – sociedad. Mientras que en el caso de Evo Morales, la corrupción y el antindigenismo desquebrajan su capacidad de convocatoria, sin afectar todavía en lo substancial al Estado, en el caso de Michel Bachelet ambos elementos amagan ser verdaderos acosos, tanto al gobierno como, en tanto efecto secundario, al propio Estado. Este cuadro de fortaleza o debilidad estatal también se mostrará a propósito del pleito legal en la Corte Internacional de Justicia.

Aquí importa observar ambas actuaciones estatales y los diversos grados de consistencia que mostraron. Entre los elementos más destacados que explican esta situación, según anotamos líneas atrás, está la unidad de la sociedad boliviana, a diferencia de la sociedad chilena, en lo que a voces discrepantes con la actuación de sus respectivas representaciones se refiere. En segundo lugar y ratificando aquello de la importancia que tiene la memoria estatal (que suele jugar malas pasadas) no deja de llamar la atención la estrategia chilena, en ligar la actual demanda boliviana con el Tratada de Paz de 1904, luego de la guerra del Pacífico. Con todo, más allá de las argumentaciones y contra-argumentaciones legales, lo cierto es que un Estado y otro Estado muestran distintos grados de actualización o estancamiento en el tema. En estas líneas, hemos tratado de reflexionar precisamente a cerca de esos diferentes grados, a propósito de la actuación de ambos Estados en La Haya.

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BUSCARON ACCESO AL MAR DESDE 1895

El "Deshabitado"

Pese a la cerrada posición de los gobiernos de Chile que afirman que no le deben nada a Bolivia, entre los años 1895 y 2010, por lo menos ocho fueron las oportunidades en las que las administraciones de Bolivia y Chile estudiaron las posibilidades para concretar una salida al Océano Pacífico para nuestro país.

En un artículo titulado “El mar boliviano”, publicado en el número 13 de la revista “La Migraña”, editado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y firmado  por Eduardo Rodríguez Veltzé y Farit L. Rojas Tudela, se señala que “Chile y Bolivia han dialogado sobre un acceso al mar desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI”.

“Se puede decir que hay un comportamiento continuo por parte de Chile para negociar con Bolivia. Esta vocación de negociar existe y debe existir en tanto ambos Estados son parte del sistema internacional”, manifiestan los autores de esa reseña histórica.

No cabe duda que esta valiosa y estratégica información debe ser socializada y debatida en Bolivia, pero especialmente, en el exterior porque destruye contundentemente la posición chilena que pretende esconder la historia.

En esta ocasión pasa a segundo plano las especificidades de cada una de las propuestas ya que lo sobresaliente es que desde el asalto e invasión al Litoral boliviano, Chile reconoce que tiene una deuda pendiente con Bolivia y que en varias oportunidades buscó resolverlo.

Los casos

Auxiliados en mapas preparados por la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR), los autores citan que en “1895, mediante un conjunto de tratados y protocolos, Bolivia y Chile negocian la cesión de las provincias de Tacna y Arica o en su lugar un corredor entre la caleta Vitor y la quebrada de Camarones”.

En 1926, el secretario norteamericano Frank B. Kellog propone a Perú y Chile ceder las provincias de Tacna y Arica a Bolivia. En 1950, mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambos países, se dialoga sobre un corredor ofrecido por Chile.

En 1975 (19 de diciembre), Chile ofrece a Bolivia un corredor. “En 1976, en respuesta a la propuesta de Chile, Perú acepta la cesión de territorio a Bolivia, pero propone una nueva modalidad”.

“En 1987, se busca un ‘enfoque fresco’ del tema y Bolivia remite dos propuestas expresada en dos memorándums”. La primera data del 18 de abril de 1987, la segunda, de la misma fecha señala alternativas de enclave.

“2006-2010, Bolivia y Chile continúan negociando alternativas para conceder a Bolivia un acceso soberano al mar, esta vez en un enclave en Tarapacá, una zona en la que Chile no precisa realizar ninguna consulta al Perú y tampoco se precisaría modificar el Tratado de 1904”.

Dialoguemos y negociemos

Rodríguez Veltzé como Rojas Tudela “remarcan que Bolivia no busca revivir la guerra de 1879 que le despojó de 400 km. de costa, ni busca modificar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que puso fin a esa guerra. Bolivia no ha solicitada a la Corte Internacional de Justicia que obligue a Chile a negociar un territorio específico, sino que declare y decida que hay una obligación de negociar, que es muy distinto”.

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