Los comercializadores de carne de pollo en La Paz se han declarado en emergencia ante el incremento que consideran excesivo en este producto, mientras que el Gobierno consideró injustificado el aumento que se registra y advirtió que se indagará a empresarios que estarían asumiendo una conducta de cartelización o monopolio.

Esther Rojas, secretaria general de comercializadores de carne de pollo de La Paz, indicó que hace unas dos semanas el kilo se les distribuía a unos Bs14, pero ahora el precio  ha subido a más de Bs15 en producto cruceño y más de Bs16 en el que llega de Cochabamba.

Según la dirigente, los intermediarios explican que la carne de pollo estaría escaseando en Cochabamba, sin embargo, los vendedores en La Paz no están convencidos de esa versión.

Pidió al Gobierno que asuma cartas en el asunto, porque un pollo entero se está vendiendo al consumido entre Bs38 y Bs40, lo cual genera incluso desconfianza hacia los vendedores.

“Estamos en estado de emergencia. Si hasta la otra semana no rebaja, vamos tener que hacer un paro a nivel nacional, porque no pueden especular con el precio”, agregó la dirigente.

Posible cartelización 

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció que existe un incremento injustificado en la carne de pollo que se distribuye desde Santa Cruz, lo cual también afecta a otros departamentos. 

Anunció que se pedirá a la autoridad reguladora que se investiguen presuntas prácticas de cartelización o monopolio, que se estaría pretendiendo instaurar instalar de un grupo de empresarios, que pretenden no solamente controlar la producción de alimentos sino también de imponer precios.

Silva dijo que, de acuerdo a proyecciones, el precio debería normalizarse la siguiente semana, sin embargo, preocupa que exista este grupo de empresarios que estén “jugando con el bolsillo de la población”

Advirtió que, de corroborarse prácticas monopólicas, se estaría cometiendo el delito de agio, el mismo que está relacionado con el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas y que está sancionado con 10 años de cárcel.