Para los prestatarios, el gobierno de Rodrigo Paz se propuso castigar a prestatarios para favorecer a los banqueros. La Confederación Nacional de Prestatarios anunció la organización de una marcha para este martes desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, en protesta por la supuesta indiferencia del gobierno frente a la aplicación de la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos.

Según el sector, el Ejecutivo habría interferido de forma oficiosa en el cumplimiento de la norma que ya estaba en proceso, a partir de una instructiva de la ASFI del 12 de noviembre de 2025 comunicando a la Asoban, la vigencia de la Ley 1670 y su Decreto Reglamentario N° 5484 y disponiendo la suspensión de los embargos y reprogramación de créditos.

El dirigente Michael Chura afirmó que, si bien algunas entidades bancarias habían procedido a la reprogramación de créditos, desde la semana pasada asesores financieros retomaron los llamados de cobro.

Otros voceros indicaron que recibieron amenazas con reportar los prestatarios a la Central de Riesgos, argumentando que mientras no exista una reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el pago de cuotas debe continuar en forma normal.

Los prestatarios también cuestionaron la postura del nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien —según indicaron— durante la campaña electoral defendía a los sectores más vulnerables, pero ahora adopta un discurso orientado a proteger a la banca, en nombre de la estabilidad del sistema financiero.

Lamentaron que el ministro no conozca el reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), indicando que durante la gestión 2025 el sistema financiero habría registrado utilidades históricas por 2.592 millones de bolivianos, dato que —a su juicio— descarta cualquier riesgo de desestabilización.

Asimismo, denunciaron que el Gobierno prioriza beneficios a grandes empresarios, como Samuel Doria Medina, al liberar el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas, mientras castiga a las familias más afectadas por la crisis económica, especialmente en esta época de fin de año.

Los dirigentes también criticaron que el ministro Espinoza se haya convertido en un “portavoz oficioso” de la banca, al sostener que la Ley de Diferimiento no cumplió el procedimiento legislativo y que, por ello, las entidades financieras acudieron al Tribunal Constitucional. Recalcaron que toda ley promulgada goza de presunción de constitucionalidad hasta que exista un fallo definitivo.

Finalmente, lamentaron que desde el pasado 2 de diciembre, fecha en que el ministro de Economía les prometió una solución al conflicto, hasta el momento no se haya presentado una alternativa concreta para proteger a las familias endeudadas, calificando esta situación como una gestión “irresponsable y poco transparente”.