Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

En Bolivia, más de 900.000 niñas y niños están en riesgo de perder el cuidado familiar, una situación que expone la fragilidad del sistema de protección y la ruptura de vínculos esenciales para su desarrollo. Frente a este escenario, el proyecto de Ley 150 plantea un cambio estructural para priorizar que crezcan en familia y no en instituciones.

El gerente de Aldeas Infantiles SOS Bolivia en Sucre, Juan José García, afirmó que la norma representa un “avance histórico” al enfocarse en la prevención del abandono infantil y en el fortalecimiento de las familias.

UN SISTEMA QUE LLEGA TARDE

Actualmente, más de 5.000 menores viven en centros de acogida en el país; en Chuquisaca, la cifra bordea los 400. Según García, el problema radica en que el sistema actúa cuando la vulneración ya ocurrió.

Factores como la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, la migración y la falta de oportunidades están entre las principales causas que empujan a la separación familiar.

“El abandono infantil es una de las formas más graves de violencia”, advirtió, al remarcar que muchos niños crecen sin vínculos afectivos estables ni condiciones adecuadas para su desarrollo.

PRIORIZAR LA FAMILIA, NO EL ALBERGUE

La Ley 150 propone un giro en la política pública: pasar de la institucionalización a la prevención. El objetivo es evitar la separación y garantizar el cuidado en familias de origen, extendidas o sustitutas.

El ingreso a centros de acogida quedaría como última alternativa, mientras que se fortalecerían programas de apoyo familiar y acompañamiento a adolescentes en su transición a la vida independiente.

IMPULSO LEGISLATIVO Y RESPALDO INSTITUCIONAL

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de Bolivia. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marcelo Solís, señaló que la meta es que “ningún niño quede sin familia”.

La iniciativa fue impulsada por una mesa interinstitucional con participación de organismos como UNICEF, Save the Children y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

Las entidades coinciden en que la norma marca un punto de inflexión hacia un sistema que prioriza el vínculo familiar como base del desarrollo infantil.