La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio Público a impulsar de oficio las investigaciones sobre la presunta contaminación por mercurio y la minería ilegal en el río Madre de Dios, sin trasladar a las comunidades indígenas la responsabilidad de producir peritajes científicos especializados.

El pronunciamiento surge tras un requerimiento fiscal dirigido a la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, al que se solicita responder con informes técnicos sobre la denuncia de contaminación en un plazo de 24 horas.

La institución expresó su preocupación por las condiciones de esta exigencia, al considerar que la presentación de documentación técnica especializada en un periodo tan breve podría generar cargas desproporcionadas para las organizaciones indígenas y convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ambiental.

En ese sentido, señaló que la investigación de posibles delitos ambientales debe desarrollarse en el marco de las atribuciones del Ministerio Público, sin trasladar indebidamente a las comunidades afectadas la responsabilidad de producir pruebas científicas especializadas.

La Defensoría recordó que, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Acuerdo de Escazú, corresponde garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el acceso efectivo a la justicia ambiental. Asimismo, subrayó la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías de defensa, evitando barreras económicas o técnicas que dificulten la participación de las comunidades.

Ante esta situación, instó al Ministerio Público a realizar de oficio las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados y evaluar la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), laboratorios ambientales acreditados y otras instancias competentes para establecer la existencia y el alcance de la presunta contaminación.

También exhortó a las autoridades ambientales y sanitarias a efectuar evaluaciones técnicas urgentes y adoptar, según corresponda, medidas de prevención y protección de la salud, el agua y la seguridad alimentaria de las comunidades potencialmente afectadas.