AGENCIA MUNICIPAL DE NOTICIAS

Mediante un pronunciamiento público, organizaciones ambientales observan que el intento de dejar sin efecto medidas como la pausa ecológica y la protección al jaguar viola el principio de no regresión ambiental y exigen al Tribunal Agroambiental y/o al Tribunal Supremo de Justicia, rechazar cualquier solicitud de anular esas disposiciones protectoras.

El gobierno nacional, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Boliviana de Tierras (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), anunció la suspensión temporal de la pausa ambiental mediante un decreto supremo, permitiendo el «chaqueo controlado», de igual modo solicitó la anulación de una resolución emitida por el Tribunal Agroambiental en abril y que fortalecía las medidas de protección a favor del jaguar,

En ese sentido el pronunciamiento referido establece cinco consideraciones sobre la gravedad del intento. Entre las organizaciones firmantes están la Contiocap, Codma, Senda Verde, Bolivia Libre de Transgénicos y Lucha por la Amazonía, entre otras.

• Se pretende dejar sin efecto una medida cautelar que cumple una función esencial de protección ambiental inmediata, en coherencia con el principio precautorio.
• Viola el principio de no regresión ambiental, reconocido en el derecho internacional y consagrado en la doctrina jurídica: ningún derecho ambiental ya conquistado puede ser debilitado o anulado.
• Atenta contra el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho de toda persona a un medioambiente sano, protegido y equilibrado.
• Es una afrenta al rol ecológico del jaguar, especie clave como regulador biológico. Su desaparición alteraría gravemente las cadenas tróficas, el equilibrio ecológico y la salud del ecosistema.
• A menos de un año de haber perdido más de 12,6 millones de hectáreas por incendios forestales, permitir la reanudación de estas actividades es una decisión irresponsable, destructiva y contraria al interés público.

Tribunales deben rechazar cese de medidas protectoras

De tal manera, a tiempo de pedir la sociedad civil, universidades, medios de comunicación y organizaciones internacionales estar en estado de alerta y pronunciarse ante el intento, se presentaron cinco exigencias al respecto:

• Que el Tribunal Agroambiental y/o el Tribunal Supremo de Justicia rechacen de forma categórica la solicitud de casación y ratifiquen las medidas cautelares de protección dictadas en la Resolución SP-TAA 001/2025-A y el DS 5225 ya que constituyen un avance ejemplificador en el derecho ambiental cuyo avance es sumamente relevante en el contexto ambiental boliviano.
• Que el Estado boliviano cumpla sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos ambientales, biodiversidad, pueblos indígenas y derechos humanos.
• Que se investigue y transparenten los intereses detrás de esta ofensiva jurídica contra la pausa ecológica y la protección del hábitat natural del jaguar especie que se encuentra en grave riesgo de extinción en nuestro país por el tráfico, perdida de su hábitat, deforestación e incendios Forestales.
• Es imperativo recordar que las autoridades del Ministerio de Medioambiente, la ABT, el Sernap, así como todo el aparato legislativo y las instancias del gobierno nacional, que tienen la obligación ineludible de actuar con debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos de la naturaleza y del derecho constitucional a un medioambiente sano. Esta responsabilidad exige priorizar la biodiversidad, la salud ambiental y la vida misma, en coherencia con su rol institucional de protección y defensa del patrimonio natural del país.
• En consecuencia, cualquier acción u omisión que implique un retroceso en las garantías ambientales, la habilitación de actividades destructivas o el debilitamiento de las medidas de protección como la anulación de la pausa ecológica ambiental puede constituir una vulneración de deberes constitucionales y legales, que de persistir esta línea de acción, las autoridades involucradas podrían estar sujetas a mecanismos de control y sanción, incluyendo procesos como el juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes, daño ambiental grave o atentado contra los derechos colectivos.