Cinco representantes del pueblo indígena tsimane´ de Yacuma, ubicado en Beni, denunciaron el despojo de tierra al que están siendo sometidos por el Estado, y la “sistemática violación de derechos” ante la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los recibió en una audiencia realizada en la ciudad de Cochabamba, encuentro del que participaron diversos sectores.

“Somos despojados del lugar donde vivimos. No nos dejan trabajar. Cuando vienen ellos nos dicen ustedes son tsimanes’, no saben trabajar. Ustedes los tsimanes’ son flojos. Váyanse de aquí, (…). Después vinieron una noche, todas nuestras casas nos tumbaron, nuestras plantas arrancaron, nuestras norias lo taparon. Por eso yo vengo a reclamar nuestro territorio, quisiera que nos escuchen, quiero que me ayuden, nosotros reclamamos territorio”, manifestó Adela Rivero Nate, corregidora de la comunidad tsimane’ Agua Salada.

De la audiencia también participó el presidente de la Subcentral del Concejo Tsimane’ de Sector Yacuma, Rosendo Merena Nate; el secretario de Salva, Walter Sánchez; y el secretario de Turismo, Miguel Cayabare. En la audiencia se hizo la entrega de un documento escrito en el que se detallan los problemas que afronta el pueblo indígena desde hace varios años respecto a su territorio.

“Siempre como comunidades presentamos para que tengamos certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para personería jurídica de nuestras comunidades, pero nunca nos ayudan. Por eso nosotros hemos venido aquí para hacerles saber cuál es el problema que tenemos y todo lo que hemos sufrido”, manifestó Merena durante el encuentro, en el que también acompañaron técnicos de la Fundación TIERRA.

El pueblo tsimane’ mantiene una dinámica de organización social de pequeñas comunidades formadas por seis o siete familias. Su patrón de asentamiento es semi nómada caracterizado por el sobaqui (viaje o visita) dentro de redes dispersas de parientes.

Sus asentamientos están sujetos a cambios bruscos y frecuentes ya que las familias se desplazan para trabajar y vivir en diferentes lugares. En situaciones de conflicto, los involucrados evitan el enfrentamiento con el alejamiento o cambio de residencia, lo que se volvió difícil por la presión que existe en su territorio.

En la nota presentada por los indígenas, señalan que su pueblo “no tiene tierra”, pese a que en el país hubo una amplia apertura del proceso de saneamiento. También denuncian que aunque se comprobó la existencia de 14 comunidades tsimanes’ de Yacuma que viven entre Yucumo y Rurrenabaque (norte de La Paz) el Estado les negó, a través de la Gobernación del Beni, el reconocimiento de Personería Jurídica, lo que les perjudica en su demanda de tierras, el derecho a la identidad, a la organización y a la participación.

Por otro lado, denunciaron que el INRA identificó la existencia de varias de sus comunidades, pero por un criterio “agrarista”, no les tomó en cuenta en su demanda por dotación de tierras, considerando que tienen asentamientos de cinco a ocho familias pero sin producción agropecuaria.

A través de la nota, los tsimanes’ también denunciaron el avasallamiento constante al que son sometidos por parte de grupos de interculturales, la criminalización a la que fueron sometidos sus dirigentes por la defensa de sus territorios, los desplazamientos a los que fueron encaminados con engaños, la afectación por incendios a viviendas y amenazas a sus habitantes.

“Nuestro derecho al hábitat se encuentra violentado, temiendo a diario que nos despojen del poco territorio que estamos ocupando”, señala parte de la documentación suministrada a la CIDH. En la audiencia también se entregaron diversos tipos de denuncias por parte de los pueblos indígenas Yuqui y Yuracaré, del pueblo indígena de Sacaba de Cochabamba; de discriminación racial por parte de colectivos LGBT, de representantes de personas con discapacidad, entre otros.

Desde el 27 de marzo, la CIDH realiza una visita al país para observar la situación de derechos humanos. Para el periplo se programaron reuniones en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, que terminarán el 31 de marzo.

Se prevé que, como resultado de la visita, la CIDH publique un informe con observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado. La delegación que escuchó a los indígenas estuvo liderada por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta y Relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

*Con información de la Fundación Tierra