Fuente: AFP

Juliaca, ciudad peruana de 260.000 habitantes, continuaba este viernes el ritual de sepultar a 19 personas, incluido un policía, que murieron esta semana a causa de las violentas protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Jhamileth Aroquipa, estudiante de Psicología de 17 años, y Elmer Leonardo, aspirante a futbolista de 16, fueron los fallecidos más jóvenes en esta localidad de la región de Puno, en la frontera con Bolivia, epicentro de manifestaciones antigubernamentales.

"Me duele la pérdida a tan temprana edad. La impactó una bala de nueve milímetros y no puede ser posible. Nosotros no hemos ido a las protestas, somos unas personas pacíficas", se lamentó ante la AFP Demetrio Aroquipa, padre de Jhamileth, mientras acompañaba el cadáver de la adolescente.

"Mi hija se ganaba la vida esforzándose en sus estudios. Fuimos a comprar. Estábamos a dos cuadras de la protesta y mira lo que pasa, regresamos sin mi hija", dijo el hombre en alusión a la estudiante de segundo ciclo de Psicología en una universidad de Cochabamba, Bolivia.

Elmer soñaba con ser futbolista en una región que suele dar pocos profesionales en ese deporte. "Él tenía un sueño muy grande: Cumplir los 17 años y viajar internacionalmente para representar a Puno", señaló su amiga Ruth Karina Meza, de 18 años.

"Su mamá se fue a vender salteñas (empanadas a base de harina) y como no contestaba el celular, él, en su desesperación, fue a buscarla. Fue en busca de la mamá y le metieron una bala por la espalda", narró la joven.

Como los Aroquipa y los Leonardo, otras 17 familias lloran a sus muertos de entre 16 y 40 años en Juliaca, una de las ciudades donde más ha impactado la violencia desatada desde que el 7 de diciembre fue destituido el presidente Pedro Castillo y reemplazado por su hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

En Juliaca también murió, calcinado, el policía José Luis Soncco, hasta ahora único miembro de las Fuerzas Armadas que ha perdido la vida en los disturbios.

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe con el que intentó cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.