El diputado “arcista” Rolando Cuéllar denunció que una “mafia sindical” ligada al expresidente Evo Morales opera hace 14 años en sindicatos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que sería la autora del desvío de combustible de YPFB-Logística para sabotear la gestión del presidente Luis Arce.

A consecuencia de esta sospecha, inició un trabajo de investigación presentando una Petición de Informe Escrito dirigida al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, para conocer cómo es que esta gente logró ingresar a YPFB-Logística sin haber acreditado experiencia ni mérito académico alguno.

Cuéllar identificó como cabecilla de “esta mafia” al secretario general de Logística, Efraín Ortega, quien el pasado 4 de diciembre, desde Santa Cruz acusó al gerente general, Félix Cruz, de “armar casos” contra los trabajadores con el objetivo de cubrir su “deficiente gestión” en el suministro de combustible.

El diputado observa el sueldo de aproximadamente 15.000 bolivianos que percibe Ortega, siendo que goza de la declaratoria en comisión por parte del Ministerio de Trabajo, previa acreditación por parte de la de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, donde también fueron identificados viejos dirigentes que provienen de la época de José Domingo Vásquez y que al no ser reelectos como dirigentes fueron “camuflados” en cargos administrativos sin aportar ninguna utilidad a la empresa.

“Hay una mafia que viene trabajando hace más de 14 años en YPFB y están desviando más de 91.000 litros de combustible sin tener ningún control”, declaró luego a la red DTV. Explicó que entre los implicados se encuentran familiares de Nemesia Achacollo, del concejal José Quiroz, de la diputada Alina Canaviri y el dirigente Salustio Flores, todos identificados como “evistas”.

Manifestó que una vez tenga la respuesta del Ministerio de Hidrocarburos en el plazo de 15 días y si los perfiles de todos no se adecúan a los requisitos técnicos y profesionales, presentará una demanda penal contra los funcionarios y solicitará al Ministerio de Trabajo para que revise la declaratoria en comisión de Efraín Ortega a fin de que se levante su fuero sindical y sea sometido a proceso penal.

Acusó que “esta mafia y organización criminal” está boicoteando la gestión del gobierno nacional al permitir el carguío de combustible y dejar salir cisternas por la parte trasera de las plantas de almacenaje para eludir el control de salida de los camiones.

Cuéllar aseguró que no le temblará la mano para iniciar procesos penales si no justifican con documentos el sueldo que percibe y que, según sus datos, oscilaría entre 15.000 y 17.000 bolivianos mensuales.