El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusó este lunes al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, de autorizar a “delincuentes” para la “toma” de rotondas en la ciudad, y señaló que en esos sectores se realizan todo tipo de violaciones a los derechos humanos. 

Después de 31 días de un paro indefinido, la autoridad de Estado informó que el departamento perdió más de Bs 200 millones y cuestionó que no exista la predisposición de ambos representantes cruceños en levantar la medida de presión ya que considera que ellos “anhelan realizar un segundo golpe de Estado”.

“En algunos sectores, el señor (Rómulo) Calvo y el señor (Fernando) Camacho han autorizado a los delincuentes, obviamente, a tomar estas rotondas para no dejar transitar; y ahí en estos sectores donde están los delincuentes, los cleferos, los pitilleros, es donde se realizan obviamente las violaciones a los derechos humanos, donde hay violaciones grupales y donde efectivamente hay delincuencia”, denunció.

En el último recorrido que la autoridad tuvo por Santa Cruz, el fin de semana pasado, informó que “en cada cuadra (los vecinos) han sacado pitas” para bloquear, y que la población “está de hambre” ya que en algunos sectores los vecinos “obligan a comprar un vaso de refresco” para llevar el sustento a su hogar.

Luego de 31 días de paro en la ciudad de Santa Cruz, para exigir una Ley que garantice el Censo, la economía del país se ha visto seriamente afectada, solamente las instituciones dependientes del Ministerio de Obras Públicas como BOA, ABC, Vías Bolivia y la Terminal Bimodal de Santa Cruz, reportan pérdidas que hacienden a más de Bs 219 millones a la fecha, dinero que podría haberse invertido en infraestructura y salud, informó el ministro.