El presidente Rodrigo Paz activó este domingo un ‘gabinete de crisis’ para atender la emergencia en varias comunidades del municipio de El Torno, Santa Cruz, tras el inesperado desborde del río Piraí la madrugada del sábado 13 de diciembre. La medida busca coordinar la ayuda humanitaria y supervisar las operaciones de rescate y evacuación de personas aún aisladas por la riada.

Paz no dio cifras oficiales sobre fallecidos o desaparecidos, pero expresó su solidaridad a nombre del gobierno y de su familia hacia quienes han perdido familiares o permanecen desaparecidos.

El gabinete concentra los esfuerzos de los ministerios de Gobierno, Defensa, Salud, Obras Públicas, Hidrocarburos, Cancillería y del Alto Mando Militar y Policial, con el objetivo de articular recursos y acciones concretas, guiados también por los pronósticos del Senamhi para los próximos días y semanas.

Durante su visita al lugar, el mandatario destacó las limitaciones dejadas por administraciones anteriores, señalando que solo se pueden movilizar tres helicópteros por falta de presupuesto y repuestos, cuando antes había mayor disponibilidad de aeronaves. “Lo digo con dolor personal porque fueron servidores públicos que a través del Estado tendrían que atender, prevenir y cuidar a las familias bolivianas. En estos momentos estamos limitados”, afirmó.

Entre los operativos prioritarios, se han evacuado a 32 menores, aunque todavía hay 118 niños en un recinto de detención que requieren ser trasladados. Ante la falta de caminos y zonas aisladas, se habilitó un albergue temporal con presencia policial permanente, con la participación de 300 efectivos, incluyendo 100 policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

En materia de ayuda humanitaria, el gobierno ha movilizado cerca de 580.000 unidades de asistencia, equivalentes a cinco toneladas de productos esenciales, cifra que se incrementará en los próximos días. Paz recomendó que toda la ayuda se canalice a través de Defensa Civil.

Entre los daños confirmados, se reportó el colapso de tres puentes, cuya reconstrucción demandará una inversión de 200 millones de bolivianos. Asimismo, se garantiza la provisión de agua potable, energía eléctrica y suministro de gas en las comunidades afectadas y aledañas gracias a la coordinación con YPFB y las autoridades locales.