Manuel Morales
La abrogación de la Ley Nº 1720 constituye un nuevo hito para la democracia en Bolivia. Sectores de la sociedad civil se movilizaron y lograron que una norma mal elaborada, que respondía a intereses particulares del sector empresarial, fuera eliminada del ordenamiento jurídico.
Es importante aclarar que se trata de una abrogación y no de una derogación. Es decir, la totalidad de la Ley Nº 1720 ha sido eliminada, y no solo alguna de sus partes. Con ello desaparece la intención de que el control de la Función Económica Social (FES) se realice cada diez años, quedando plenamente vigente la Ley Nº 740, que obliga al Estado boliviano a ejercer dicho control cada cinco años.
A propósito, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) nunca ha informado documentadamente sobre su labor de control de la FES en las medianas y grandes propiedades, ni ha proporcionado un detalle que incluya ubicación, nombre del predio y propietario. Hasta finales de 2023, el INRA había saneado y titulado aproximadamente 95,7 millones de hectáreas en Bolivia, lo que representa el 93 % del total nacional.
Total saneado: más de 95,7 millones de hectáreas.
Tierras fiscales: se han recuperado más de 26,8 millones de hectáreas a favor del Estado.
Titulación: de la superficie total, 63,6 millones de hectáreas han sido tituladas a favor de pequeños propietarios, comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Falta sanear: 10 millones de hectáreas.
La Ley Nº 1720 generó tensión por sus implicancias, así como por la ausencia de socialización y de consulta participativa a los agentes agrarios y ambientales. Una vez promulgada por Rodrigo Paz en la feria Agropecruz de Santa Cruz, el mandatario declaró en esa oportunidad: "En el fondo, lo que esta norma es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir". Esto sucedió el 8 de abril de 2026, cuando el presidente cumplía cinco meses de gestión. El 13 de mayo, es decir, 35 días después, abrogó la ley.
Es evidente que se generó una tensión entre el grupo en el poder y los sectores subordinados. Por suerte, en Bolivia este tipo de tensiones funciona como una “especie de veto social al gobierno”, lo que de forma simplificada se denomina “la calle”. Ya en mayo de 2024 sostuve que la abrogación era un triunfo de la ciudadanía (https://brujuladigital.net/opinion/abrogacion-y-triunfo-de-la-ciudadania) y que el Decreto Supremo 5503 podía periclitar y ser abrogado (https://brujuladigital.net/opinion/puede-periclitar-el-decreto-5503).
El presidente Rodrigo Paz, al momento de abrogar la Ley 1720, declaró que se trata de un “logro” —“como resultado del diálogo y del encuentro entre bolivianos”— y que se trabajará para “construir una nueva ley sobre la tierra que sea fuerte, justa y equilibrada, nacida del consenso y de escuchar a todos los sectores”.
El Presidente no explica, sin embargo, los alcances de esa nueva norma agraria, que debería tener amplias competencias para revisar la línea productiva de alimentos y reorganizar las fuerzas agropecuarias. Ello implicaría un cambio de modelo orientado hacia la producción agroecológica, así como corregir los errores históricos en la distribución discrecional del acceso a la tierra en Bolivia. Existen propuestas al respecto, desde las 22 variables que inciden en la crisis agropecuaria y ambiental del país (https://erbol.com.bo/opinion/22-variables-que-hacen-la-crisis-agropecuar...) hasta la Estrategia Nacional de Agroecología, una política pública que busca transformar los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la soberanía alimentaria para el periodo 2025-2035. Su objetivo es consolidar prácticas agroecológicas que protejan la biodiversidad, mejoren los ingresos familiares y fortalezcan la gestión comunitaria de los recursos naturales.
Por supuesto, una nueva norma agraria no debería orientarse por los contenidos de la ya abrogada Ley 1720, que fue, en verdad, un verdadero dislate. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que la omisión de la consulta previa acarrea la nulidad de la norma. Si la futura ley agraria se aprueba contando únicamente con el aval de los empresarios, sin una consulta previa a las comunidades de base, podría nacer con el mismo vicio que motivó la abrogación de la Ley 1720. El pulso por la tierra en Bolivia está lejos de concluir.
14 de mayo de 2026