Nelson Martínez Espinoza
Bolivia dejó de ser el país del combustible barato. El litro de diésel está fijado en 9,80 bolivianos, mientras que en países vecinos como Perú supera ampliamente ese valor: el equivalente a 14,78 bolivianos por litro. ¿El resultado? Un fenómeno previsible, casi anunciado: el contrabando a la inversa se activa nuevamente.
Y el Gobierno, otra vez, llega tarde.
Durante años, el discurso oficial justificó la subvención como un escudo social. Hoy, tras desmontarla a medias y sin una estrategia regional, el país queda atrapado en tierra de nadie: ni barato para proteger a su gente, ni lo suficientemente caro o controlado para evitar su fuga hacia las fronteras.
El contrabando es un sistema paralelo que se fortalece mientras el Estado exhibe su mayor debilidad: no controla su propio mercado energético.
Un negocio del comercio de combustible que en Bolivia se dejó crecer. Esta actividad lleva décadas operando con redes, logística y complicidades. Lo que cambió ahora es el incentivo: el alza de precios y la falta de control han convertido al diésel en una mercancía aún más rentable.
¿Dónde están los controles fronterizos?
¿Dónde está la inteligencia económica?
¿Dónde está la autoridad?
El silencio oficial es tan elocuente como la escasez en los surtidores.
Mientras el combustible se fuga o se encarece en el mercado informal, el sector productivo queda atrapado. Transportistas, agroindustriales y pequeños productores enfrentan una realidad absurda: pagan más por trabajar, mientras otros lucran con la ilegalidad.
El mensaje es devastador: en Bolivia, producir cuesta más que contrabandear.
Y eso no es una falla del mercado. Es una falla del Estado.
Un gobierno que reacciona, pero no gobierna.
Eliminar la subvención era una decisión inevitable. Pero hacerlo sin control, sin transición y sin coordinación regional no es una reforma: es una improvisación.
El Gobierno actúa como si el problema fuera solo el precio. Pero el problema es más profundo: es la incapacidad de imponer reglas claras y hacerlas cumplir.
Sin control territorial, sin fiscalización efectiva y sin una política energética coherente, cualquier ajuste está condenado al fracaso.
El Estado sube precios, pero no controla el mercado.
El contrabando crece, pero no hay sanciones visibles.
La producción se encarece, pero no hay protección.
En ese vacío, el verdadero regulador es el mercado.
El contrabando no es un efecto colateral. Es el síntoma de un Estado débil.
Y cuando el Estado pierde el control de un recurso estratégico como el diésel, pierde mucho más que dinero: pierde autoridad.
La pregunta ya no es cuánto cuesta el litro de combustible.
La pregunta es quién gobierna realmente ese mercado.