Manuel Morales
Cuando un Estado tiene la posibilidad de detener a un narcotraficante notable y de importancia nacional e internacional, como Sebastián Marset, este Estado debe obtener los mayores y mejores resultados para su juzgamiento, ya que ello implica el fortalecimiento de su justicia. ¿Qué tendría que suceder para que esta detención signifique todo lo contrario? La respuesta se encuentra en los hechos verificados: bastó con que el Gobierno optara por la vía administrativa más rápida, marginara a la Fiscalía del operativo, prescindiera del Tribunal Supremo de Justicia y entregara al imputado a Estados Unidos en seis horas para que una captura que debía fortalecer la justicia boliviana terminara debilitándola de la manera más profunda.
Sebastián Marset tenía nueve procesos penales abiertos en Bolivia. Seis de ellos contaban con acusación formal y estaban a puertas de juicio oral; varios llevaban más de dos años paralizados en la etapa de imputación. La Fiscalía General había sostenido que la salida del país del acusado no extinguía su responsabilidad penal, y sobre él pesaba una notificación roja de Interpol. Ese era el punto de partida: un imputado con causas vivas, víctimas concretas y un Estado con la obligación constitucional de juzgarlo. Lo que ocurrió después no fue la culminación de ese proceso, sino su clausura anticipada. El 13 de marzo de 2026, la Policía Boliviana lo detuvo y lo entregó a funcionarios estadounidenses en el aeropuerto sin que existiera una orden de juez o fiscal boliviano que ordenara el operativo. La detención se sustentó en una orden de expulsión con sello rojo ejecutada bajo el artículo 37 de la Ley 370 de Migración, una vía administrativa que por su propio diseño impidió el control judicial de la aprehensión que el Código de Procedimiento Penal exige dentro de las veinticuatro horas siguientes. El Ministerio Público afirmó que no participó en el operativo; su titular declaró que se enteró de su ejecución cuando ya estaba en curso. No hubo flagrancia, no hubo orden previa, no hubo control judicial: hubo una operación diseñada para que ningún juez pudiera intervenir antes de que Marset abandonara el territorio.
La exclusión de la Fiscalía y de la justicia no fue un accidente procedimental, sino la condición estructural de la operación. Al elegir la salida obligatoria administrativa en lugar de un proceso de extradición que habría requerido autorización del Tribunal Supremo de Justicia conforme al Tratado de 1995, el Ministerio de Gobierno se aseguró de que ningún magistrado pudiera revisar la procedencia de la entrega ni las condiciones en que se realizaba. La propia Ley 370 establece un plazo mínimo de quince días hábiles para que el extranjero ejerza su defensa; Marset fue detenido a las tres de la mañana y expulsado a las nueve, un lapso de seis horas en el que fue materialmente imposible ejercer defensa alguna o impugnar la resolución. La defensa del narcotraficante denunció además que la carta de expulsión y entrega dirigida al director de la DEA fue firmada por el Ministro de Gobierno el 12 de marzo, un día antes de la detención, lo que confirma que la decisión de no juzgarlo estaba tomada de antemano. El procedimiento no buscó aplicar la ley: buscó eludir a los jueces que debían aplicarla.
El costo patrimonial de ese atajo es igualmente elocuente. Los allanamientos se ejecutaron sin presencia fiscal permanente y sin que se garantizara la cadena de custodia. El fiscal departamental de Santa Cruz confirmó que uno de los domicilios de Marset fue saqueado luego del allanamiento y que se sustrajeron objetos del inmueble. El vicepresidente denunció, con base en un video, que policías retiraron bolsos y maletas de la vivienda de Las Palmas, y que entre los bienes presuntamente desaparecidos figuran cuatro millones de dólares y una colección de relojes de lujo, sin inventario oficial ni registro de su destino. Las cuatro maletas halladas en dependencias del Grupo Especial de Acciones Tácticas en La Paz aparecieron vacías. El coronel Juan Marcelo Ferrufino, exdirector de Inteligencia de la FELCN, fue imputado por peculado, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo por su presunta intervención en el retiro de maletas no inventariadas, mientras el capitán Guillermo Junior Ruiz Guzmán declaró que recibió una orden directa del entonces director nacional de Inteligencia para trasladar maletas y una caja fuerte, y el coronel Erick Correa se declaró en la clandestinidad. Los mandos medios y altos señalados como autores de las órdenes están prófugos; los efectivos de menor rango enfrentan detención preventiva.
La contradicción que atraviesa todo el caso es la prueba más elocuente de que el procedimiento no buscó hacer justicia en Bolivia, sino apartar a Marset antes de que las investigaciones internas pudieran alcanzar a sus protectores. Mientras la versión oficial presentaba al fiscal general Roger Mariaca como la autoridad que había activado el sello rojo que hizo posible la detención, ese mismo funcionario fue aprehendido meses después y enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca, imputado por organización criminal y tráfico de sustancias controladas, sindicado de haber brindado cobertura y alquiler de protección a Marset a cambio de pagos de hasta quinientos mil dólares mensuales y de haber facilitado su fuga en 2023. La misma Fiscalía que hoy procesa a Mariaca por haber protegido al narcotraficante es la que fue deliberadamente marginada del operativo que lo sacó del país. La salida exprés no fue el inicio de una investigación sobre los cómplices: fue el mecanismo para clausurarla antes de que comenzara.
El plano internacional confirma la dimensión de la derrota. Estados Unidos lo tiene bajo custodia, se declaró no culpable de cuatro cargos —conspiración para narcoterrorismo, conspiración para distribución de cocaína, lavado de dinero y conspiración para lavado— y enfrenta un juicio fijado para enero de 2027. Paraguay solicitó formalmente su extradición y quedó subordinada a la prioridad estadounidense; Uruguay lo requiere por narcotráfico y asociación para delinquir; Brasil lo vincula al Primeiro Comando da Capital; Colombia lo investiga por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y el caso Pecci. Bolivia, que era el país donde Marset operó, donde construyó su estructura y donde cometió los delitos que sus nueve procesos describen, quedó relegada a la condición de espectadora. La operación se ejecutó en su territorio, pero las decisiones se tomaron fuera de él. La soberanía no se perdió por un accidente diplomático: se perdió porque el Ejecutivo diseñó una operación que, por su propia arquitectura, requería mantener a la Fiscalía y a la justicia al margen para poder consumarse, y al hacerlo vulneró el artículo 115 de la Constitución que garantiza el debido proceso, el artículo 117 que prohíbe condenar sin juicio previo, el artículo 120 que consagra el juez natural, el artículo 8 de la Convención Americana sobre garantías judiciales, el artículo 25 sobre protección judicial efectiva y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe las detenciones arbitrarias.
La conclusión no admite ambigüedades. La captura de Sebastián Marset fue una victoria pírrica porque el Estado boliviano ganó el titular y perdió el juicio; ganó velocidad y perdió jurisdicción; ganó un anuncio y perdió la oportunidad de demostrar que su justicia funcionaba. Nueve procesos quedaron paralizados de facto, varios con acusación formal y a puertas de juicio oral; los bienes incautados se esfumaron sin inventario ni custodia; los principales señalados por las órdenes de retiro están prófugos; y el fiscal general que aparecía explicando el operativo hoy está procesado por haber protegido al narcotraficante. Un Estado que prefiere expulsar antes que juzgar no está combatiendo el crimen: está administrando la impunidad con mejor marketing. La soberanía no se mide en la velocidad de una entrega en el aeropuerto, sino en la capacidad de someter al imputado a sus jueces naturales y de investigar hasta el final a quienes lo protegieron. Esa capacidad fue precisamente la que se sacrificó, y por eso la detención de Marset, que debía fortalecer la justicia boliviana, terminó siendo su derrota más elocuente: la prueba de que cuando el atajo administrativo reemplaza al debido proceso, el trofeo queda en manos ajenas mientras el vencedor carga con las consecuencias del triunfo.
