Manuel Morales Alvarez
El Tribunal Agroambiental de La Paz se pronunció frente a la solicitud de medida cautelar respecto a los contratos del litio interpuesta por la Defensoría del Pueblo, disponiendo la suspensión momentánea del tratamiento de los Proyectos de Ley 197/2024-2025 (con empresa China) y 170/2024-2025 (con empresa Rusa), relacionados con la explotación del litio. La decisión judicial está vigente hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada en los territorios indígena originarios de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí.
El texto es el siguiente:
La suspensión momentánea del tratamiento los Proyectos de Ley: PL 197/2024-2025 “contratos de servicios para la producción de carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí” suscritos por YLB con las empresas Hong Kong CBS Investment Limited - Sucursal Bolivia y el Proyecto de Ley PL 170/2024-2025 “Contratos de Asociación Accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa del Litio - EDL y carbonato de litio del salar de Uyuni del departamento de Potosí”, suscritos por YLB, con la empresas Hong Kong CBS Investment Limited - Sucursal Bolivia y La empresa Uranium One Group Joint Stock Company Sucursal Bolivia hasta que las autoridades administrativas cumplan con las siguientes acciones:
Realizar Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y acumulativo de impactos ambientales, sociales, culturales y económicos respecto al uso, aprovechamiento y aprovisionamiento del líquido elemento del agua.
Realizar Estudio de Evaluación Integral sobre la disponibilidad de recursos naturales para el aprovechamiento y la industrialización, concretamente en cuanto al manejo de agua subterránea y aguas fósiles en las áreas en las que ha de tener influencia la ejecución de los proyectos previstos en los dos contratos antes señalados.
Realizar estudio de evaluación ambiental estratégica del aprovechamiento de recursos naturales estratégicos, precintado el área de influencia efectiva en los territorios indígena originario campesinos de Nor Lipez y del sudoeste de Potosí debiendo considerar los siguientes aspectos:
Las visiones de desarrollo de los sectores y actores que mantienen y sostienen el desarrollo rural productivo en los planes, programas y proyectos de desarrollo productivo alternativos (turismo, no metales y minerales no convencionales, energía solar y geotérmica)
Alternativas tecnológicas de industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, que promuevan los derechos sobre el agua para la vida, el conjunto de derechos de la Madre Tierra para la preservar los derechos de las futuras generaciones,
Escenarios de inversión, generación de ingresos y desarrollo económico social que garanticen el desarrollo de capacidades locales, regionales y nacionales para la no dependencia de tecnologías que sean compatibles en su mayor grado con la visión de desarrollo sostenible y sustentable.
La realización de informes técnicos científicos sobre la disponibilidad de recursos naturales para el aprovechamiento e industrialización, principalmente de aguas fósiles en las aéreas de influencia de proyectos sectoriales.
Se dispone que previa a la aprobación de los dos proyectos de ley se garantice el proceso continuo y efectivo de consulta previa libre e informada previo consentimiento de los territorios indígenas originarios campesinos de Nor Lipez y del Sudoeste de Potosí
Es altamente ponderable la decisión del Tribunal Agroambiental de La Paz porque pone condiciones ambientales y derechos de las poblaciones habitantes en la región, que desde siempre deberían de respetarse, sin embargo, el gobierno de Luis Arce y las empresas contratistas pretendieron vulnerar, imponiendo cláusulas contractuales que dejaban en segundo lugar estos requisitos que son muy importantes.
Ratifico la necesidad de trabajar en la región un verdadero proyecto de desarrollo integral a partir de la gestión del conocimiento y llevarlo a referendo constitucional.
También queda claro, que el próximo gobierno y la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional deberán acatar las medidas cautelares agroambientales y a partir de esta nueva realidad trabajar un uso adecuado de los recursos del salar (litio), el turismo, la producción de quinua y camélidos y otros proyectos en beneficio de la región y del país todo.
21 de agosto de 2025