Por José Luis Bedregal Vargas
Los recientes hechos vinculados con narcotráfico, desde la descertificación por parte de Estados Unidos debido a que, según Washington, Bolivia no cumple compromisos contra las drogas, hasta el hallazgo de tres maletas con cocaína en la Terminal de Buses de La Paz (de siete que supuestamente eran manipuladas), obliga a una reflexión urgente y profunda sobre el impacto de este fenómeno en la gestión de las instancias de poder, en la seguridad ciudadana y en la reputación internacional de Bolivia.
El narcotráfico no es ya sólo un problema policial, es un problema estructural del Estado y la sociedad. La presencia y circulación de droga dentro de infraestructuras públicas (terminales terrestres, aeropuertos) y la implicación de diversas cadenas logísticas, muestran que el desafío sobrepasa la capacidad operativa de la policía y la FELCN.
Cuando una red criminal puede usar espacios públicos masivos para mover carga ilícita, estamos ante fallas en varios eslabones: control territorial, servicios de inteligencia, procedimientos de control de equipajes, y coordinación interinstitucional.
El narcotráfico, encuentra su mejor terreno donde las instituciones son corruptas y por tanto permeables. Funcionarios mal remunerados, procesos opacos de contratación y supervisión, controles internos débiles y ausencia de cuadros técnicos en puestos clave. Esa permeabilidad no sólo facilita el paso de droga, permite la infiltración de recursos ilícitos en circuitos políticos y administrativos (compra de favores, financiamiento ilegal, protección selectiva). La pérdida de eficiencia administrativa y el desprestigio moral de las instituciones, es el resultado inmediato que ya la población percibe.
El tráfico y la micro-comercialización, generan violencia y descomposición social, además de que la percepción de inseguridad se traduce en menor movilidad, menos inversión local y un costo humano que no figura en las estadísticas públicas.
La imagen internacional de nuestro país, está manchada por sanciones, una de ellas es la decisión de una potencia como Estados Unidos de descertificar a nuestro país, con el riesgo de reducción de cooperación por parte de organismos financieros y aumento del riesgo país para inversores. Aunque la medida suele ser cuestionada por su instrumentalización geopolítica, el señalamiento condiciona la diplomacia y puede obstaculizar el acceso a fondos y convenios técnicos que Bolivia necesita para hoy salir de la crisis y fortalecer capacidades. La reacción oficial de rechazo a esos diagnósticos no sustituye la responsabilidad de corregir las vulnerabilidades señaladas.
Las autoridades actuales y las que asumirán el gobierno en noviembre, tienen la tarea de fortalecer los servicios de inteligencia de los organismos de seguridad y la coordinación interinstitucional. Generar protocolos y tecnología en puntos críticos, como scáneres móviles, identificación biométrica y protocolos estandarizados en terminales terrestres y aéreas.
La lucha contra la corrupción interna, debe contemplar la rotación obligatoria de funcionarios en puntos sensibles, controles administrativos periódicos y un sistema de denuncias protegido con incentivos. De igual manera, debemos recobrar la cooperación internacional, sin confundir soberanía con aislamiento, lo que nos debiera permitir negociar cooperación técnica y financiera, con cláusulas de supervisión conjunta, que den garantías mutuas para la obtención de resultados contra el narcotráfico.
Precisamos también, políticas preventivas desde los tres niveles del Estado, es decir gobierno central, gobernaciones y alcaldías, con programas focalizados en territorios de riesgo para ofrecer alternativas económicas, educación y reducción de demanda.
Bolivia necesita, además de medidas operativas, una política pública integral que reconozca la magnitud del problema, fortalezca sus instituciones desde adentro y recupere la confianza ciudadana e internacional.
La lucha contra el narcotráfico no es un espectáculo mediático de decomisos, sino la construcción paciente y decidida de un Estado capaz de enfrentar, y no doblegarse, ante la poderosa industria del narcotráfico.