Al menos 200 empresas importadoras de autos y motocicletas que operan de manera ilegal en el país, fueron detectadas por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. En próximos días se prevé que se asuman reuniones con varias instituciones para su regulación y fiscalizar estas actividades económicas .

El titular de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que en el país se está dando una “proliferación” de estas supuestas empresas importadoras de motorizados debido a la alta demanda de las personas.

La autoridad señaló que las personas “inescrupulosas” que administran estas actividades económicas ilegales se aprovechan, en especial, de las personas que llegan del área rural a la ciudad para ofrecerles, a través de promociones, la oferta de contar con un vehículo nuevo en las ferias y mediante las redes sociales.

“Les piden (a los futuros compradores) $us 500, hasta $us 5.000 con la promesa de entregarles en 15, 20 o 30 días el vehículo 0 kilómetros. Al final, no entregan el vehículo y para devolverles el dinero en algunos casos no les devuelven nada. En otros casos les devuelven la mitad y les sancionan indicando de que por culpa de ellos no han logrado el financiamiento de la entidad bancaria”, explicó Silva.

Estas firmas clandestinas estarían operando especialmente en Santa Cruz, Cobija, Beni y La Paz; en este último departamento se registraron casos en la feria 16 de Julio de la ciudad El Alto y en la de Patacamaya, ambos ubicados en el departamento de La Paz.

“Hemos tenido una información del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), en el cual no están registradas estas empresas, y que solamente tienen el letrero con el nombre y no pagan impuestos. No están registrados dentro del sistema tributario y simplemente se están constituyendo en focos de corrupción, en focos de estafa y de engaño a la población”, acotó.

Silva aseguró que desde su viceministerio ya se puso en contacto con la Cámara Automotor Boliviana, entidad que comprende a las empresas legalmente establecidas en el país, para la importación de vehículos con el objetivo de sostener una reunión.

Informó también que se convocará a la Aduana Nacional de Bolivia, Impuestos Nacionales y la Policía para trabajar en conjunto una norma que permita fiscalizar y controlar la actividad de estas empresas.