Seguridad

En lo que va del conflicto que ha desatado hechos de violencia en el país, la Policía informó este martes que asciende a 127 la cantidad de personas que han sido aprehendidas o arrestadas, mientras que de parte de la institución del orden se tiene a 11 efectivos heridos.   

El comandante policial, general Mirko Sokol, tachó los hechos de vandalismo como “criminales” por parte de los marchistas, a quienes calificó de “delincuentes” que incluso trataron de asesinar a los policías.

El comandante de la Policía, general Mirko Sokol, informó este martes que se está buscando al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otras personas, que están con órdenes de aprehensión por instigar los hechos de violencia que se han registrado en el país.

“Lo estamos buscando (a Argollo), tenemos a toda la comunidad de inteligencia en busca de él y otros más que tienen que rendir cuentas ante la justicia”, dijo Sokol.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público en Tarija solicitó a la Policía Boliviana un informe detallado sobre las acciones realizadas para ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el exmandatario.

La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno por distintos hechos vinculados a las protestas y movilizaciones en el país.

La Policía Boliviana y el Ministerio de Salud desmintieron este lunes versiones difundidas en redes sociales y plataformas digitales que atribuían a operativos de desbloqueo y presuntas intervenciones militares las muertes de dos autoridades originarias del altiplano boliviano.

En un comunicado oficial, la Policía rechazó publicaciones que señalaban que Rubén Callisaya Marca, mallku Justicia de la comunidad Checa Belén, habría fallecido durante recientes operativos de desbloqueo en el país.

La Armada Boliviana denunció este domingo agresiones y actos de vandalismo contra personal militar y vehículos institucionales durante la ejecución del operativo “Corredor Humanitario” en distintos puntos de bloqueo de las ciudades de La Paz y El Alto.

Según un comunicado oficial, los ataques ocurrieron cuando efectivos navales retornaban tras cumplir tareas destinadas a restablecer la libre circulación y garantizar el abastecimiento de combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales para la población.

La Fiscalía General del Estado informó este domingo sobre un atentado criminal contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, luego de que un artefacto explosivo fuera activado en el vehículo de la autoridad judicial. Tras el hecho, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para iniciar una investigación “rigurosa, objetiva y transparente” destinada a identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales.

Luego de la intervención policial-militar en distintos puntos de bloqueo de la ciudad de El Alto, grupos de manifestantes volvieron a reagruparse la tarde de este sábado para resistir la presencia de las fuerzas del orden, principalmente en la avenida Juan Pablo II, donde persiste un ambiente de tensión y constantes enfrentamientos verbales con los efectivos desplazados en tareas de vigilancia y contención.

Contingentes de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, han desplegado desde la madrugada un operativo simultáneo para desbloquear en particular las carreteras desde La Paz hacia Oruro y Copacabana, aunque se registra resistencia de los manifestantes.

El desbloqueo comenzó en la madrugada y se prolonga hasta horas de la mañana, en medio de enfrentamiento con los manifestantes y detenciones. Los efectivos usan gases lacrimógenos, mientras que los bloqueadores lanzan piedras a los efectivos.

La Sala Constitucional Segunda ordenó a dirigentes, organizaciones y participantes movilizados abstenerse de promover o mantener bloqueos violentos, indefinidos o que impidan servicios esenciales, tras conceder parcialmente una Acción Popular vinculada a las protestas y bloqueos registrados en el país.