Seguridad

El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, denunció un daño económico superior a Bs 870 millones al Estado por operaciones vinculadas con la Planta de Biodiésel I de YPFB, a raíz de dos contratos para la provisión de aceite crudo de soya adjudicados a un mismo proveedor.

Las irregularidades habrían ocurrido durante el Gobierno de Luis Arce, quien fue el impulsor de la planta ubicada en Santa Cruz.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló que existe una instrucción presidencial para llevar adelante una investigación sobre las denuncias surgidas en el marco del caso que involucra al asesor político Fernando Cerimedo y su expareja Nadia Beller.

García hizo esa mención a tiempo de ser consultado sobre las denuncias de parte de Beller, quien acusó a Cerimedo de hechos corrupción con vínculos incluso en el entorno presidencial.

La abogada de Fernando Cerimedo, Margarita Arce, afirmó que su defendido sufrió presiones y chantajes por parte de su expareja Nadia Beller, a quien acusó de tener una “obsesión” por acceder al poder y obtener un cargo dentro del Gobierno.

La jurista sostuvo que esos hechos estarían registrados en los chats que forman parte de la investigación y aseguró que Cerimedo está dispuesto a un careo con Beller.

“Más que todo es una obsesión que tiene Nadia por el poder”, afirmó Arce en La Mañana en Directo de ERBOL.

Ante las advertencias de movilizaciones en Yapacaní por el tema del diésel, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que se ha desplegado a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía para tareas de prevención, pero además sostuvo la postura del Gobierno de evitar los bloqueos.

La diputada Lissa Claros (Libre) anunció que formalizará acciones legales por los presuntos delitos de calumnia e injuria contra Nadia Beller y Fernando Cerimedo, luego de que su nombre fuera mencionado en una lista vinculada a supuestos “sobresueldos”.

“Esta diputada, la diputada Lissa Claros, jamás ha recibido ni un solo centavo de absolutamente nadie”, afirmó la legisladora.

El Ministerio Público investiga el asesinato a balazos de dos personas identificadas como Edgar J. y Denis P., ocurrido la noche del lunes en el municipio de Guayaramerín, informó el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza.

Según el reporte fiscal, el hecho se registró el 24 de agosto, aproximadamente a las 23:15, cuando las dos víctimas circulaban en una motocicleta.

El expresidente Luis Arce, mediante su defensa, solicitó al Ministerio Público ampliar su declaración informativa dentro del caso Fondo Indígena. Asimismo, anunció la presentación de documentación de descargo.

El abogado de Arce, Fernando Rivadeneira, informó que la solicitud fue presentada mediante memorial y que, ante la falta de respuesta, la defensa reiteró el pedido este 24 de agosto. Según explicó, se busca que el Ministerio Público se constituya en el recinto penitenciario de San Pedro para recibir una declaración ampliatoria del exmandatario.

La Fiscalía investiga el asesinato de un joven, quien fue hallado con un disparo en la cabeza en el barrio Las Panosas de Tarija, en inmediaciones de las calles Alejandro del Carpio, Junín y Abaroa. 

“Lo que sí se tiene de momento certeza es de que es un disparo, se puede observar un disparo a la altura de la cabeza”, informó el fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro.

La Policía investiga la muerte de una mujer de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vía pública de una población cercana a Coroico en los Yungas de La Paz. Un sobrino de la víctima fue aprehendido y posteriormente habría asumido la autoría del hecho.

El director de la FELCV, coronel Miguel Zambrana, informó que efectivos realizaron el levantamiento legal del cadáver, que se encontraba cubierto con una bolsa de nylon azul y sin prendas de vestir.

El exministro de Economía José Gabriel Espinoza retiró este lunes el amparo constitucional que presentó contra la censura de la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional Tercera de El Alto aceptó el desistimiento y dispuso el archivo del proceso.

“Siendo expresa la voluntad de la parte accionante, esta Sala entiende que corresponde aceptar el retiro de la acción de amparo constitucional”, señaló el magistrado al dar lectura a la resolución que puso fin al proceso.