Seguridad

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que la institución no tiene reportes de que Rafael y Camila Arce Mosqueira, hijos del expresidente Luis Arce e investigados por legitimación de ganancias ilícitas, hayan salido del país por vías legales.

“No tenemos el reporte de que hayan salido del país por los canales legales, pero sabemos que hay muchas rutas que no son controladas por Migración que podrían haber utilizado”, afirmó la autoridad policial.

Tras el fracaso de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para designar en la sesión del 10 de marzo al titular de Derechos Reales (DDRR) de El Alto, la Fiscalía inició una investigación contra la registradora en suplencia legal, Leonor V., por presuntas irregularidades por por falsedad ideológica y manipulación informática.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que la justicia dispuso la detención preventiva de los principales implicados en dos casos de feminicidio ocurridos en Sica Sica y El Alto.

Según detalló, en el primer caso, registrado en Sica Sica, el Ministerio Público estableció de manera preliminar que el móvil del crimen estaría vinculado a motivos patrimoniales. El principal sospechoso, quien sería familiar directo de la víctima, fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Villa Charcas, donde una mujer de 30 años perdió la vida tras ser atropellada presuntamente por su pareja. El hecho es investigado por el Ministerio Público.

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la investigación fue iniciada de oficio y que el principal sospechoso, identificado como Víctor H. H. C., de 34 años, fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Periodismo Que Cuenta

El abogado penalista estadounidense Ambrosio Rodríguez afirmó que las autoridades de Estados Unidos cuentan con amplias capacidades investigativas y pruebas suficientes en el caso del narcotraficante Sebastián Marset, lo que podría derivar en una condena significativa si el proceso llega a juicio.

El expresidente Luis Arce pide que las investigaciones por colaboración con el narcotraficante Sebastián Marset también alcancen al gobierno de Evo Morales, puesto en esa gestión ya se había otorgado carnet de identidad al uruguayo.

La información fue proporcionada por el abogado Fernando Rivadeneira, que defiende a Arce y transmitió su pronunciamiento tras visitarlo el viernes en la cárcel de San Pedro.

El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº27 de Santa Cruz determinó la detención preventiva de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por 140 días en el penal de Palmasola, en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

Su abogado consideró que la determinación es “excesiva” y afirmó que solo pudo ser acreditado la existencia de dos vehículos y dos viviendas. 

Al menos 15 personas vinculadas a la estructura del narcotraficante Sebastián Marset fueron aprehendidas en operativos ejecutados en Portachuelo y Montero, en Santa Cruz.

Las acciones permitieron recolectar audios, conversaciones y evidencias, incluidas las amenazas contra el Comando Departamental de la Policía.

En Portachuelo, los efectivos ingresaron a un inmueble con hangar y pista clandestina, que sería parte de un centro de operaciones de la organización.

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, informó que aprehendieron a cuatro integrantes de una familia, quienes habrían participado en el hurto de un inmueble vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. La Policía busca a otras personas que estarían prófugas.

Tras la detención del narco uruguayo, se allanaron diferentes inmuebles, entre los cuales se encontraba la vivienda ubicada en la avenida Mapaizo, doble vía La Guardia #1050, la cual habría sido vaciada. A partir de ello se iniciaron las investigaciones por robo.

La Justicia de Estados Unidos sostiene que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, utilizó “poderosas conexiones políticas” y en la Policía para facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala.

El periodo señalado de estas operaciones se enmarca entre febrero y noviembre de 2019, tiempo que coincide con el Gobierno de Evo Morales. Dávila fue nombrado director de la FELCN justamente en febrero de 2019.