Seguridad

El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, lleva privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz cuatro meses más del tiempo de su sentencia, la cual todavía no fue ejecutoriada, denunció su abogado Karlo Brito.

Según el jurista, se presentó por sexta vez un recurso de cesación a la detención preventiva, sin embargo, fue negado. El exfuncionario del gobierno de Jeanine Añez se encuentra recluido desde noviembre de 2020 dentro del caso alertas migratorias.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció este martes que la Fiscalía de La Paz ha reactivado el caso denominado Camargo Correa, luego de cinco años, como una represalia para afectar políticamente a Carlos Mesa y su alianza.

En ese caso, Mesa fue involucrado después de la investigación que realizó una comisión legislativa en 2018, respecto a obras que se habrían otorgado a empresas brasileñas, como Camargo Correa, implicadas en el pago de sobornos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino un local clandestino en el Cruce Villa Adela, donde una menor de 16 años de edad había sido retenida y forzada a actos de explotación sexual comercial. Hay tres detenidos por este caso.

Según reporte policial, la misma adolescente hizo la denuncia ante la Defensoría de la Niñez.

La adolescente había sido captada mediante redes sociales, con un anuncio para repartir volantes.  

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, acusó al presidente Luis Arce de “violar la ley y la Constitución” al no permitir el lunes su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para asistir a su juicio por el caso “decretazo”.

La audiencia estaba prevista de forma presencial por determinación del Tribunal Octavo de Sentencia, pero no se cumplió ante la falta de condiciones, según la Dirección General de Régimen Penitenciario y “deficiencias procesales”, que advirtió el Gobierno.

El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, anunció este martes que la seguridad del congreso del MAS, convocado por el ala “arcista”, estará a cargo de la policía sindical, pero también efectivos de la Policía Boliviana.

“Obviamente como anfitriones que somos nosotros, porque están viniendo acá la urbe alteña, evidentemente vamos a generar también nuestra policía sindical, pero también los hermanos efectivos policiales seguramente van a tener un plan estratégico para salvaguardar la seguridad física de todos los participantes”, dijo Mayta.

Durante operativos de interdicción al narcotráfico, por medio de Dispositivos Estáticos de Control en el puente los Bugres, en el municipio de San Matías, en Beni, se logró detectar 53 kilos de droga que se encontraban ocultos al interior de un bus.

De acuerdo con información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) se observó alteraciones en la parte del chasis del motorizado un compartimiento pre-fabricado (macaco).

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, cuestionó la actitud de sus colegas del Órgano Electoral y autoridades judiciales que han presentados sus postulaciones para ser elegidos magistrados, toda vez que corren ventaja por el cargo que ocupan y esa actitud no sería ética.

Para el 11 de abril fue diferido el inicio de juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación, presuntamente irregular en 2022, del Decreto Departamental 373.

El gobernador cruceño no pudo asistir este lunes a la audiencia de forma presencial ante los informes que remitió la Dirección del Penal de Chonchocoro, lo que motivo a que el Tribunal Octavo de Sentencia cambie de fecha.

El exmagistrado Gualberto Cusi ratificó su propuesta de implementar en Bolivia la pena de muerte para los administradores de justicia que sean corruptos, porque considera que esa institución está en una "crisis total".

"Yo digo, al diablo los derechos humanos, hay que atacar la corrupción, hay que matar la corrupción", expresó la exautoridad ante los medios.

Según Cusi, en el Órgano Judicial "todo es plata, plata, plata". 

La defensa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, denunció una presunta injerencia del Gobierno en el caso “decretazo” para impedir su traslado a Santa Cruz y la realización del juicio. Mientras que desde la Dirección General de Régimen Penitenciario ratificaron que no existen las condiciones para su desarrollo.  

El exsecretario de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, calificó como un actuar “irresponsable” del Gobierno nacional la vulneración de los derechos del gobernador cruceño al impedir el desarrollo de su audiencia.