Seguridad

El Juzgado de Sentencia en lo Penal Segundo de Ivirgarzama, Cochabamba, dictó sentencia condenatoria de ocho años de cárcel contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el ex presidente de YPFB, Herland Soliz, por la paralización de la planta de urea durante al Gobierno transitorio.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, ambos individuos deberán cumplir la reclusión en el penal de Chonchocoro, de acuerdo con la sentencia.

Producto del trabajo de bomberos forestales, comunarios y las lluvias solo se tienen hasta el momento dos incendios forestales activos en las comunidades de Tumupasa y otra en Agua Dulce, ambas ubicadas en el municipio de San Buenaventura.

En horas de la tarde, debido por los fuertes vientos, se reactivó un incendio en la comunidad Maige, pero fue “inmediatamente” atendido, tanto por personal de tierra y con el apoyo aéreo del helicóptero Súper Puma, informó el jefe de Operaciones del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA), coronel Percy Arandia.

Una locomotora con diez vagones se descarriló en pasadas horas sin dejar personas heridas debido a que al menos 700 metros de rieles fueron robados en el kilómetro 279 cerca de la comunidad de Machacamarca de la vía entre Oruro con Uyuni.

A más de un mes de reportarse su desaparición, las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida de la profesora Norma M.D., el cual se encontraba enterrado debajo de un piso de tablones en una casa de su familia en la ciudad de La Paz.

La desaparición de la maestra generó sospechas incluso de sus familiares, hermana y sobrinos, quienes ahora están enfrentarán cargos por este caso.

En cinco operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Oruro logró el secuestro de 268 kilos con 348 gramos de droga y se aprehendieron a dos personas quienes fueron dispuestas al Ministerio Público.

Los operativos de interdicción fueron ejecutados del 15 al 20 de noviembre y lograron afectar al patrimonio del narcotráfico en $us 505.126, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

En proceso abreviado, cuatro exjefes militares, que admitieron la comisión de delitos en el caso denominado Golpe de Estado I, han recibido sentencia este miércoles en cuantías mínimas que les permitiría recuperar su libertad próximamente.

Son los primeros sentenciados en el caso donde se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019.

La Policía intervino la mañana de este miércoles la vigilia frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde los manifestantes del ala “evista” denunciaron que los efectivos actuaron con brutalidad, golpearon mujeres y usaron agentes químicos.

Los videos muestran que policías equipados con escudos despejaron por la fuerza la vigilia, mientras los militantes “evistas” se resistían. Incluso se observó una muejr que cayó al piso, mientras efectivos intentaban retirarla.

El ministro de Educación, Édgar Pari, se presentó ante la Fiscalía el martes 21 de noviembre, para prestar su declaración y explicar que no ha cometido actos irregularres con su empresa familiar, como se le había denunciado.

En este caso, una dirigente de padres de familia denunció que una representante de la empresa de Pari, que además sería funcionaria, estaba buscando inversionistas, ofreciéndoles contrataciones estatales sobre todo en el Ministerio de Educación.

Un joven antisocial, conocido como “El Bala” fue recapturado en la ciudad de El Alto, después de que la semana pasada fugó del centro de detención Qalauma.

Lo llamativo de este caso es que el joven fue capturado cuando cometía un robo en un taller mecánico. Es decir, volvió a delinquir pocos días después de que escapó de su privación de libertad.

El abogado Luis Guillén, defensa de Jeanine Añez, denunció que Manuel Saavedra, quien era el fiscal que llevó a la expresidenta a juicio ordinario, ahora fue “premiado” con un cargo en el Viceministerio de Transparencia dependiente del Ministerio de Justicia.

Saavedra fue fiscal del caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), el cual marcó la línea de procesar a Jeanine Añez en la vía ordinaria y no juicio de responsabilidades, a pesar de que era investigada por actos realizados en el ejercicio de la presidencia.