Seguridad

Luego de verificaciones y operativo, la Alcaldía de La Paz informó que se ha logrado detectar al menos a 163 ítems presuntamente “fantasma”, es decir, de s supuestos trabajadores que no marcan ingresos ni aparecieron para firmar libros de asistencia, pero que cobran su salario.

El alcalde César Dockweiler anunció que esta cifra se aumentará, dado que aún siguen en análisis cientos de casos de trabajadores que estarían en “comisión”.

El gobernador Luis Ayllón pidió públicamente que se revoque el fallo de una Sala Constitucional de La Paz que favoreció a la empresa Soboce en un litigio millonario con la chuquisaqueña Fancesa. Asimismo, solicitó que los vocales responsables sean sometidos a auditoría.

Ayllón se pronunció después de conocerse que supuestamente el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200 mil dólares para usar sus influencias con el Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de favorecer a al conglomerado peruano Gloria y su filial en Bolivia, Soboce.

Tras el escándalo internacional que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas gestiones para favorecer a Soboce durante el gobierno de Luis Arce, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma (Libre), anunció que iniciará una investigación sobre la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en resolver la acción de amparo constitucional que mantiene suspendido el pago de aproximadamente 107 millones de dólares a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

La propietaria del predio "Villa Praga" en el municipio de Santa Cruz, Teresa Triviño Bazán, advirtió que activará las acciones previstas en la Ley N.º 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana contra los efectivos que continúen incumpliendo el mandamiento judicial de desapoderamiento emitido a su favor.

Su abogado, Ramiro Aguilera, afirmó que la negativa de ejecutar una orden judicial podría derivar no solo en sanciones disciplinarias, sino también en responsabilidades penales para los funcionarios policiales involucrados.

La Comisión de Tierra y Territorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari" cuestionó la asignación de los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui a la subregistradora de Derechos Reales (DDRR) de Achacachi, Leonor Vera C., al considerar que la funcionaria no brinda garantías de transparencia ni de seguridad jurídica debido a los procesos disciplinarios que enfrenta.

SUMANDO VOCES

La Casa de la Mujer denunció que más de 20 personas, entre funcionarios del Ministerio de Gobierno, efectivos policiales y personal de Migración, ingresaron a sus oficinas el pasado 19 de junio, en un hecho que calificó como un allanamiento y una vulneración de los derechos fundamentales de mujeres sobrevivientes de violencia que reciben atención en esa institución.

La Policía Boliviana volvió a impedir, por cuarta ocasión desde 2022, la ejecución de una orden judicial de desapoderamiento del predio "Villa Praga", ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde la propia institución es acusada de mantener una ocupación ilegal, denunció el abogado defensor de la parte afectada, Ramiro Aguilera.

Por Héctor Mariaca Romero | Radio Pío XII

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautaron una maleta que contenía 15 paquetes de marihuana durante un operativo de control en la terminal de buses de Llallagua. La intervención se realizó luego de que una persona, cuya identidad se desconoce, alertara sobre el envío de una encomienda que presuntamente contenía sustancias controladas.

El expresidente del Estado, Luis Arce Catacora, envió una carta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en la que solicita que su situación jurídica sea revisada conforme a la Circular N° 01/2026 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de 28 de mayo de 2026, que instruye a jueces revisar las detenciones preventivas sustentadas en argumentos genéricos o abstractos sobre peligro de fuga.

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y dirigentes de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba suscribieron este sábado un acuerdo que permitió el retorno de los efectivos policiales al retén de El Castillo para reanudar las tareas de lucha contra el narcotráfico, luego de que una protesta de cocaleros obligara a los uniformados a abandonar ese punto tras el levantamiento de los bloqueos.