El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz planteó crear un comando conjunto de lucha contra el crimen organizado, con base principal en San Ignacio de Velasco, ante los recientes hechos de sicariato y violencia armada registrados en el departamento.
Estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua “Casimiro Huanca” declararon este miércoles un bloqueo indefinido en el Trópico de Cochabamba, a la altura de Chimoré, en demanda de la solución a sus pedidos.
La representante estudiantil Ximena Yarhui afirmó que los estudiantes agotaron distintas instancias de diálogo y presión antes de asumir la medida. Según explicó, enviaron cartas, realizaron marchas y protagonizaron dos bloqueos esporádicos para exigir una respuesta del Ministerio de Educación.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que convocará al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana este miércoles ante la ola de asesinatos y hechos violentos registrados en San Ignacio de Velasco y otras zonas del departamento.
“Mañana, haciendo uso de nuestras atribuciones en el marco de la Ley N.º 264, convocaremos al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana”, informó Velasco, quien señaló que serán invitadas las instituciones competentes.
El viceministro de Transparencia y representante anticorrupción, Yamil García, anunció que las unidades de transparencia podrán actuar de manera directa ante posibles hechos de corrupción, sin esperar a que las denuncias lleguen a sus oficinas. La medida está contemplada en el Decreto Supremo 5706.
“No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio, vamos a ir y vamos a pedir la información y la documentación de forma directa”, afirmó García al explicar el alcance de la nueva norma.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que ha detectado actividades mineras sin derecho de respaldo, en diferentes puntos de las cuencas Orkojahuira e Irpavi en La Paz, donde funcionan reservas de agua.
La intervención se activó a partir de denuncias difundidas en redes sociales sobre posibles operaciones mineras en esos sectores.
Para muchas familias bolivianas, el servicio militar continúa siendo una experiencia que marca el paso de niño a hombre. Por eso, cada año buscan que sus hijos formen parte de los casi 60.000 jóvenes que ingresan al servicio militar y premilitar. Para algunos, cumplir con este ritual representa orgullo, compromiso y una forma de contribuir al país.
El Gobierno nacional destinará inicialmente Bs 5 millones para reparar las viviendas afectadas por las explosiones registradas en inmediaciones del Regimiento Bolívar, en Viacha, informó este martes el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
“El dato que nos han pasado inicialmente es de 5 millones de bolivianos para todo lo que es reparación de las viviendas. Como hemos dicho, hay dos que deben ser demolidas y hay otras cinco que realmente necesitan un trabajo especial”, informó.
Ante la ola de violencia y sicariato relacionada con el narcotráfico, el senador José Manuel Ormachea (Libre) sugirió al Gobierno activar los mecanismos del Escudo de las Américas y la cooperación de Estados Unidos contra estas actividades delincuenciales.
El Gobierno de Estados Unidos ya ha declarado como organizaciones terroristas a las brasileñas Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), las mismas que estarían protagonizando la ola de violencia en la frontera de Bolivia.
Uno de los cuatro soldados investigados por la sustracción de dinamita del cuartel Ingavi fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de robo agravado, mientras que los otros tres guardan detención domiciliaria, informó el fiscal Daniel Roberto Chávez.
El soldado que recibió la condena se sometió a un procedimiento abreviado, tras haber reconocido su participación y culpabilidad en la sustracción de los explosivos, renunciando al juicio oral contradictorio.
Luego de la continuidad de hechos de sicariato en el sector limítrofe con Brasil, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Celín Salas, reconoció que existe preocupación en el Comando General de la Policía y que podría derivar en ajustes al plan Frontera Segura.
Salas se pronunció tras dos hechos de sangre en San Ignacio, Santa Cruz, que resultaron en muertes con armas de fuego. Las víctimas son dos hombres de nacionalidad boliviana, de 22 y 43 años.
