Seguridad

Radio Pío XII - Norte Potosí 

La Justicia determinó hace algunos días otorgar detención domiciliaria  con resguardo policial y sin derecho a salida laboral al alcalde titular de Llallagua, Adalid Jorge Aguilar, investigado por los hechos de violencia que derivo en la muerte de tres  efectivos de las policía y dos civiles en el desbloqueo de la carretera diagonal Jaime Mendoza en junio de este año en el Norte de Potosí.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, posesionó este martes a los tres viceministros que lo acompañarán en su gestión.

Entre los posesionados resaltó el ingeniero cruceño Ernesto Justiniano, quien después de más de dos décadas reasume el puesto de Viceministro de Defensa Social, cargo conocido como el “zar” antidrogas.

El mismo ya ejerció el cargo de “zar antidrogas” en el último Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada entre 2002 y 2003. También en su trayectoria fue candidato a alcalde y diputado.

Un militar del Ejército murió atropellado durante una emboscada por personas afines al contrabando en el sector del mirador Llokho Llokho, carretera que une La Paz con Desaguadero, cuando se encontraba en un puesto de control móvil.

La víctima fue identificada como el teniente Deivid Mamani Lopez, de 25 años, y pertenecía al Grupo de Tarea “Lacaya” del Comando de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC).

La Policía aprehendió en las últimas horas al presunto autor del asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, en la ciudad de Cochabamba, ocurrido la noche del 7 de noviembre.

Reportes preliminares de medios locales señalan que sospechoso fue identificado como Remberto L. y que pertenecería a una organización delictiva vinculada con secuestros y narcotráfico.

El juez murió abatido a tiros en la avenida D’Orbigny, esquina Diego de Almagro, en la ciudad de Cochabamba. 

El arraigo a exfuncionarios del Gobierno saliente ya va tomando vigencia, de acuerdo con la ley. La Interpol reveló este martes que la Contraloría ya ha remitido la nómina respectiva a la Dirección de Migración, mientras que en la Policía se ha instruido el control respectivo en puestos fronterizos.

La Ley 1352 dispone que autoridades salientes deben quedarse en el país al menos tres meses después de dejar el cargo. La norma abarca al presidente vicepresidente, ministros y máximas autoridades de empresas e instituciones públicas.

“El caso de don Evo Morales es un tema de la justicia, es un tema que está en esa competencia jurisdiccional y el Ejecutivo va a respetar lo que diga la justicia, lo que diga el Ministerio Público”. Así se pronunció el flamante ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, consultado sobre la orden de aprehensión vigente contra el expresidente.

Morales se encuentra actualmente en el Trópico bajo protección de sus bases, mientras que existe una orden de aprehensión vigente en su contra por un caso de trata y tráfico en Tarija.

El bullicio es incesante en el patio, cerca de la vieja Capilla y de la puerta principal del penal de San Pedro. Cada uno de los internos tiene su propia historia, muchos ya definida con una sentencia y otros, ven pasar el tiempo esperando el fallo que vaya a definir su suerte.

Entre ellos está José (nombre convencional), de 28 años, sentado en una de las últimas bancas de madera del templo, frotándose incesantemente las manos como si tuviera frío. Está acusado de homicidio y detenido preventivamente desde hace cuatro años.   

La defensa de Evo Morales presentó un recurso para que el exmandatario sea procesado por la justicia originaria campesina dentro del caso por trata de personas con agravante donde se encuentra acusado.

“Tenemos entendido que hay dos incidentes, uno es que está solicitando ser sometido a la justicia originaria campesina y, por otro lado, nulidad de la notificación, cosa que el Ministerio Publico va a ir a defender”, afirmó el fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro.

El abogado Martín Camacho se ha pronunciado después de que el vicepresidente Edmand Lara lo mencionó, como un presunto aspirante a asumir el cargo de Ministro de Justicia en lugar de Freddy Vidovic.

Martín Camacho considera que Lara recibió información errónea, porqué el no tiene ninguna intención de asumir la función pública.

Después de salir a la luz que estuvo procesado hace 10 años por el caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde, el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, emitió un comunicado donde aclaró que entonces ejercía como abogado, pero fue víctima de persecución política y tortura por parte del régimen del MAS.