Seguridad

El Ministerio Público abrió una investigación por los delitos de lesiones graves y destrucción o deterioro de bienes públicos tras los hechos de violencia de este martes en Llallagua durante un enfrentamiento entre pobladores y bloqueadores.

En la etapa investigativa inicial, se irán colectado las evidencias como imágenes de cámaras de seguridad ya que en durante los enfrentamientos, más de 30 personas resultaron heridas y dependencias policiales de ese municipio saqueadas.

Tres efectivos de la Policía fueron detenidos el martes, después de que presuntamente favorecieron la fuga de dos peligrosos delincuentes, una brasileño y otro chileno. de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

El coronel Rodolfo Machicado, director de Seguridad Penitenciaria, indicó que los implicados son de grado sargento y que dos fueron aprehendidos, mientras que uno fue arrestado.

Después de las horas de enfrentamiento y violencia, las organizaciones sociales “evistas” continúan hostigando a los pobladores de Llallagua con el uso de dinamita y petardos, denunció el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Por el momento, existe una tensa calma, los movilizados se retiraron y los habitantes de esta localidad decidieron hacer vigilias en diferentes calles ante el temor que nuevamente la turba intente generar disturbios y saqueos. 

Hasta pasado el mediodía, subió a 33 la cantidad de personas heridas tras el violento enfrentamiento de este martes entre sectores sociales y pobladores de Llallagua, Potosí, que rechazan los bloqueos de carreteras en esa localidad.

El responsable del centro de salud Siglo XX, Gustavo Vásquez, informó a la red Pío XII que hasta las 12.40, inicialmente, 18 personas fueron atendidas en ese nosocomio con varias contusiones, heridas abiertas en la cabeza y miembros inferiores producto de pedradas y golpes.  

Los enfrentamientos que se registraron este martes en el municipio Llallagua, de Potosí, entre pobladores y bloqueadores dejaron al menos dos personas heridas e incluso se habla de un posible fallecido, que todavía no fue confirmado.

Los hechos de violencia ocurrieron después que los habitantes y choferes, cansados de la medida de presión que afecta a sus fuentes de trabajo, hayan decidido desbloquear por su cuenta.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país condenaron las amenazas de muerte y hostigamiento contra la periodista Soledad Mabel Prado Nogales, corresponsal en Yapacaní, por lo cual pidieron la investigación respectiva y sanción.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se ha abierto una investigación contra Evo Morales debido a delitos que habría cometido con la intención de convulsionar el país y la presunta instrucción de cercar la ciudad de La Paz, sin embargo, por ahora no se ha tomado en cuenta el delito de terrorismo tal como se contemplaba en la denuncia presentada por el Gobierno.

Los restos desmembrados de una mujer fueron encontrados el fin de semana dentro de una bolsa de basura en la avenida Periférica de la ciudad de La Paz. La Fiscalía y Policía activaron una investigación para identificar a la víctima de quien se presume, también fue víctima de una violación.

El informe médico forense establece que era una mujer entre 25 a 30 años que fue cortada desde la cintura para abajo, mientras que la data del deceso es entre 6 a 10 días aproximadamente, informó el fiscal Carlos Cortez.

La Fiscalía ha determinado admitir la denuncia que presentó el Gobierno contra Evo Morales y, por ende, abrir una investigación al exmandatario debido a las medidas de presión que actualmente afectan a la población, en el marco del conflicto por su postulación presidencial.

La denuncia fue presentada la semana pasada por ocho delitos, debido al audio en que supuestamente se escucha a Morales instruir el cierre de caminos hacia La Paz.

El ministro de Justicia, César Siles, explicó que Arturo Murillo será deportado a Bolivia después de que el 21 de junio sea liberado de la cárcel en Estados Unidos, donde está detenido desde hace cuatro años por delitos cometidos en ese país.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado en EEUU debido a que utilizó su sistema financiero para lavar dinero proveniente de la corrupción. Su salida de la cárcel está prevista para el 21 de junio.