Seguridad

Una organización delincuencial, liderada por un privado de libertad de Chuquisaca, que utilizaba la Inteligencia Artificial (IA) con la que clonaba la voz del ministro de Educación, Omar Veliz, para estafar con supuestos ítems a cambio de dinero fue desarticulada por la Policía.

El caso se originó en La Paz donde un hombre se hizo pasar como el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación quien, a través de mensajes de WhatsApp, ofrecía un empleo a través de la generación de ítems por un pago inicial de Bs 3.500 por medio de QR.

Pese a que un fallo judicial le recordó que no se puede exhibir a personas aprehendidas bajo investigación, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, volvió a presentar personas en custodia policial, bajo el argumento de que son casos de delitos en flagrancia.  

En una actitud de venganza, un grupo de contrabandistas tenía la intención de quitar la vida a los dos militares emboscados durante un operativo de decomiso de mercadería ilegal en Patacamaya, afirmó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amilcar Velásquez.

El hecho ocurrió el fin de semana después de concretarse un operativo en el sector de Cosapa, departamento de Oruro, con el secuestro de camiones con mercadería de contrabando y vehículos indocumentados.   

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, espera que el juicio contra Luis Fernando Camacho y Marco Pumari se desarrolle de manera acelerada y tenga una sentencia condenatoria lo antes posible por el caso denominado Golpe de Estado I.

Condori se pronunció en la misma jornada donde se retomó el juicio con presencia de los excívicos, quienes fueron trasladados a un juzgado en el centro paceño para proseguir con el proceso.

Los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, todos del gobierno de Jeanine Añez, fueron sentenciados a 5 años y 4 meses de prisión por haber internado al país, de manera irregular, gases lacrimógenos desde Ecuador.

La determinación fue asumida por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz que los declaró culpables por el delito de incumplimiento de deberes.

Después de varios días de búsqueda, Franklin Touchard, de 82 años, y Armando Ortega, de 84 años, fueron encontrados este viernes sin vida tras estar desaparecidos desde el 4 de enero en la localidad de Chuñavi, ubicado en los Yungas de La Paz.

Los familiares habrían sido lo que encontraron a los adultos mayores a dos horas de caminata desde la población de Chuñavi, informó el director nacional de Bomberos, coronel Gonzalo Velazco.

Como una señal de “anarquía”, así consideró el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, a la marcha que pretende impulsar Evo Morales para inscribir su candidatura presidencial en las elecciones generales de agosto.

“Nosotros consideramos que es indudablemente una señal de anarquía, se pretende utilizar a comunarios o personas que motivadas por intereses políticos y económicos”, afirmó consultado sobre su aprehensión.

La Policía registró un caso de infanticidio y suicidio en la ciudad de El Alto. Una madre de 35 años de edad decidió acabar su vida y la de su hijo, aparentemente mediante la ingesta de raticida.

Los cuerpos fueron encontrados en el baño de su domicilio de la zona Cosmos 79. La hermana de la madre de familia fue quien halló los cadáveres.

El niño tendría síndrome de autismo, señaló la fiscal Sarina Guardia.

La data de la muerte sería de cuatro días antes de que se encuentren los cadáveres, señaló el jefe de la fuerza anticrimen, coronel Walter Sossa.

Ocho funcionarios de la Planta de Senkata de YPFB, incluyendo dos gerentes, han sido aprehendidos debido a que despacharon cisternas con combustible irregular, puesto que sólo tenían biodiésel sin mezclar con diésel, lo cual puede causar daños en los vehículos que lo utilicen.   

La información fue proporcionada por el fiscal departamental Luis Torrez, quien indicó que además de los dos gerentes, se aprehendió a dos supervisores y cuatro operarios.

Un efectivo policial, encargado del control en la puerta del penal de Chonchocoro, fue aprehendido después de evidenciarse que había dejado pasar una encomienda con marihuana en la cárcel.

En la encomienda había 2,5 kilos de marihuana. La misma debió haber sido revisada y examinada por escáner, pero el policía encargado de la puerta no habría cumplido el protocolo, indicó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Sin embargo, en un segundo control dentro de la cárcel se pudo detectar la droga y evitar que llegue al recluso destinatario.