Seguridad

Por determinación de la juez Cautelar 10 de la ciudad de Santa Cruz, Ana Gloria Rojas, tres personas fueron enviadas con detención preventiva al penal de Palmasola vinculadas en el asesinato del teniente de la Policía José Agustín Torrez y el paraguayo Silvestre Cardozo Escobar.

Dos de los imputados fueron los que alquilaron una habitación a uno de los buscados por la justicia por cerca de tres semanas, mientras que la tercera persona habría proporcionado un supuesto contacto con los acusados.   

Las víctimas de robo de vehículos de la ciudad de El Alto se han unido en una organización, mediante la cual han denunciado la inacción y hasta casos de corrupción de parte de autoridades que no son efectivas en la investigación y recuperación de sus vehículos.

“Nosotros ya no confiamos en los policías, ya no confiamos ni en los fiscales, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque nosotros ya no tenemos esa confianza”, manifestó el representante Timoteo Apaza.

Luego de que una amenaza escrita alarmó diferentes colegios de la ciudad de La Paz, la Policía informó que ha identificado al joven estudiante responsable y que se trataría de una “broma de mal gusto”, realizada como reto por Halloween.  

La amenaza, impresa una hoja, se conoció la semana pasada y motivo que haya vigilancia policial en diferentes centros educativos. En el texto se advertía con asesinar a estudiantes de diferentes colegios de la clase media y trabajadora de La Paz y El Alto, en particular de la zona Sur. 

En sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, difundió este lunes la aprehensión de un presunto autor del asesinato del teniente Agustín Torrez en la capital cruceña. Sin embargo, minutos después borró la publicación y la Policía emitió un comunicado donde descarta que sea la persona que se busca.  

La Contraloría General del Estado (CGE) estableció, mediante el Informe de Auditoría Especial Nº GL/EP22/G21 R1, sobre la Construcción Curvas Norte/Sur del estadio Andino Cosmos 79 (Fase I), responsabilidad civil y solidaria de un posible daño económico al Estado de 13.699.690 bolivianos, que habrían cometido los exalcaldes de El Alto, Edgar Hermógenes Patana Ticona y Soledad Chapetón Tancara.

La Fiscalía ha decidido admitir la denuncia presentada por una dirigente de los padres de familia contra el ministro de Educación, Édgar Pary, y así abrir una investigación  por presuntos actos de corrupción.

La información fue proporcionada por el abogado de la denunciante, Miguel Cordero, quien indicó que la admisión de la denuncia fue publicada en el Sistema Justicia Libre. 

POR IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA

En un suceso que ha sumido en dolor a la comunidad de Achatalas, Sopachuy, Fabián Paredes, un joven de 21 años, encontró la muerte el pasado sábado cuando un rayo impactó de manera implacable la cocina de su hogar.

La trágica situación dejó a dos personas más heridas, quienes, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro tras recibir atención en el centro médico de Sopachuy. Jairo Gutiérrez, secretario de Medio Ambiente de la gobernación de Chuquisaca, confirmó la información en declaraciones a la red Erbol en Sucre.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, junto a las autoridades policiales antidroga, presentó este sábado a cinco personas que fueron aprehendidas al ser consideradas autores intelectuales y materiales del asesinato del teniente José Aguistín Tórrez Álvarez (31) y del agente encubierto, el ciudadano paraguayo Silvestre Luis Cardozo (39), ambos acribillados el viernes en un condominio privado en la ciudad de Santa Cruz.

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, cuestionó este sábado la labor investigativa de la Policía Boliviana por no presentar hasta el momento un informe preliminar sobre el doble asesinato ocurrido el viernes en un operativo antidroga con participación de un agente encubierto en una habitación de un condominio privado en Santa Cruz.

A partir de una versión internacional en sentido que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pagó 10 millones de dólares para que le permitieran en Uruguay obtener pasaporte con el que pudo salir de la cárcel de Dubai, el expresidente Evo Morales retomó el caso Marset para sembrar dudas de una supuesta protección de las autoridades del gobierno durante su permanencia en Bolivia.