Seguridad

La Policía informó que una mujer de 54 años de edad fue víctima de una estafa en la ciudad de El Alto, puesto que fue convencida con engaños de disponer 50 mil bolivianos de su dinero, pero los billetes le fueron cambiados por dólares falsos.

Según el reporte policial, la víctima fue abordada por la avenida del Policía por una  mujer que le ofreció 10 mil bolivianos, a cambio de acompañarla a cobrar una supuesta lotería  que había ganado.

La Policía allanó una agencia distribuidora de cerveza en la ciudad de El Alto, donde encontró evidencias de adulteración para el posible reenvasado de botellas y alteración de etiquetas.

El operativo fue realizado el jueves en la avenida 6 de Marzo, indicó el jefe de la fuerza anticrimen, coronel Rolando Rojas.

En el lugar se encontró contenedores plásticos con agua en cuyo interior estaban las botellas de cerveza. Con esa práctica se facilita la extracción de las etiquetas para su posterior comercialización. También habían bolsas que contenían tapacoronas.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Daniel Prieto, impulsa un proyecto de ley cuyo objetivo es otorgar un respaldo legal a la ciudadanía para filmar a los policías y tener pruebas de actos ilícitos que puedan cometer.

Según el legislador, con esta noma la ciudadanía podrá grabar legalmente a los “malos policías” y utilizar ese video como prueba en las denuncias correspondientes.

Explicó que también se permitiría a los policías hacer grabaciones y promovería que se otorgue a los efectivos medios de filmación oficiales.

Luego de poco más de cinco horas, un juez determinó este jueves enviar con detención preventiva al penal de Palmasola al capitán de la Policía Javier Alberti implicado en un caso por el delito de robo agravado en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Durante el desarrollo de la audiencia, el policía se descompensó momentos antes de dar su declaración por el proceso que enfrenta. Personal médico tuvo que asistirlo y posteriormente se reanudó el acto judicial.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseveró este jueves que el caso de supuesta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es un “boicot” contra el Gobierno y que buscaría perjudicar al proyecto carretero Sucre-Yamparárez. 

Desacreditó la versión del testigo protegido y advirtió al denunciante, el diputado Héctor Arce, que tendrá que asumir la responsabilidad en caso de que haya daño económico a causa de este proceso.

El fiscal que investiga la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Javier Gorena, descartó que se haya pensado en convocar a declarar al ministro de Justicia, Iván Lima, a pesar de que el mismo difundió varios datos referidos al caso. 

“En ningún momento se ha visto esa situación (de convocar a Lima), ni se ha visto necesario dentro de esta investigación, porque lo que nosotros estamos investigando es un hecho concreto”, dijo Gorena en Sucre, según reporte del periodista Iván Ramos de la red ERBOL.

La Policía procedió este jueves a la detención de la abogada que habría participado como nexo en el caso de extorsión y consorcio del juez Freddy Choque, conocido como “Chiru Chiru”, en El Alto.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental William Alave, quien indicó que la detención se produjo alrededor de las siete de la mañana.

La denunciante en este caso es una mujer litigante, quien acusó al juez “Chiru Chiru” de pedirle cuatro mil dólares para favorecerla en un caso de estelionato.

En el marco del caso Senkata, el juez primero de instrucción penal de El Alto, Marco Amaru, decidió rechazar la recusación que había presentado Jeanine Añez en su contra por afinidad política con el MAS. 

El argumento de la autoridad judicial consiste en que no había suficiente prueba y que las notas de prensa que lo involucran con el partido azul son “meras ofensas o ataques”.

Durante su declaración informativa, el capitán de la Policía Javier Alberti se acogió a su derecho de guardar silencio dentro del proceso que enfrenta por robo agravado. Este jueves se tiene previsto su audiencia de medidas cautelares la que definirá su situación jurídica.

El uniformado fue aprehendido en la sede de gobierno este martes en pleno centro de La Paz por agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y cerca del mediodía de este miércoles fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde radica el caso.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio dentro del otro proceso que se sigue en su contra por el paro de 36 días del pasado año que exigía una Ley del Censo.