Un efectivo policial de 29 años de edad fue aprehendido en la ciudad de La Paz, luego de ser denunciado por cometer el delito de violación contra una adolescente de 16 años.
Según explicó la fiscal Verónica Miranda, la denunciante acusó al policía de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones, una en noviembre del año pasado y la segunda en este agosto.
La Fiscalía informó que en las investigaciones por la explosión de un cajero automático en la ciudad de El Alto, registrada la semana pasada, la justicia determinó la detención preventiva de un conductor de vehículo acusado de estar implicado en el ilícito.
La explosión se registró el pasado 25 de agosto en Río Seco. Dos sujetos, cubriéndose el rostro con gorra y barbijo, hicieron detonar un explosivo en un cajero automático del Banco Unión provocando daños, pero sin poder sustraer objetos de valor.
La Policía negó haber recibido, en pasadas horas, la denuncia por robo de algún dispositivo móvil en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, y además de un supuesto despliegue de efectivos para la búsqueda del aparato, de cual se sospecha, sería del expresidente Evo Morales.
La Fiscalía informó que ha emitido una resolución de rechazo con la cual se descartan los tipos penales de sedición y conspiración en el caso denominado “Golpe de Estado I”, sin embargo, seguirá adelante las investigaciones por el delito de terrorismo.
La información fue proporcionada por el fiscal Carmelo Laura, quien indicó que la decisión surge por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del departamento de La Paz informó que desde enero a la fecha ha registrado 177 casos de violación a infante, niño, niña o adolescente, cifra que es superior al 2021 cuando en el mismo periodo se reportó 133 casos de este delito.
La información fue proporcionada por el coronel Jhonny Vega, director de dicha unidad policial, quien indicó que el último caso se reportó el fin de semana en la región de los Yungas.
El Gobierno, mediante el Consejo Nacional para Emergencia Sanitaria, analizará si en Bolivia se continúa con el uso obligatorio del barbijo y si se retorna al horario discontinuo de trabajo, debido a que se registra oficialmente en la desescalada de la quinta ola de la pandemia.
El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Jeyson Auza, después de que en la última semana epidemiológica se reportaron 7.198 casos Covid-19, representando una reducción de 36% a nivel nacional con respecto a la semana anterior.
El Juzgado 3°Anticorrupcion y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de La Paz determinó este viernes la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Chonchocoro para el presunto autor de la agresión sexual a una niña de 5 años.
El presunto autor tiene 26 años de edad y era el enamorado de la madre de la víctima. Producto de la agresión sexual, la menor tuvo que ser ingresada a emergencias de un centro de salud donde recibe atención médica.
El acusado prestó la mañana de este viernes du declaración informativa donde se acogió a su derecho de guardar silencio.
El suboficial inicial Miguel Ángel C. C. fue enviado este viernes con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro acusado de extorsionar al conductor de un camión que presuntamente transportaba mercadería de contrabando.
La presunta víctima informó que denunció el hecho en el puesto de control de Caracollo. De acuerdo con la relación de los hechos, el uniformado le habría exigido $us 30.000 en el sector de la Cumbre, camino entre Oruro y Cochabamba.
La Fiscalía decidió desestimar la denuncia que presentó Arnold Alanez contra Freddy Machicado, por el delito de instigación pública a delinquir en el conflicto por el mercado paralelo de la coca.
La resolución de desestimación fue emitida este 26 de agosto por parte del fiscal Carlos Cortez, según el documento al que accedió ERBOL.
Funcionarios de la Gobernación de Potosí realizaron depósitos en una cuenta fiscal que suman Bs1.435.000, para cubrir la boleta de garantía de la contratación fallida de las 41 ambulancias. Ese monto era considerado como el daño económico al Estado que se había causado en este caso.
La información fue proporcionada por el asambleísta departamental Jaime Flores, quien es querellante en este caso y cuestionó que funcionarios tengan esos montos de dinero a disposición tomando en cuenta sus ingresos.
