Seguridad

A solicitud del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía determinó ampliar los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes en contra de siete exjefes militares y policiales implicados en la denuncia por el presunto “golpe” de Estado de 2019.

De acuerdo con la resolución, a la que tuvo acceso ERBOL, se señala la determinación emitida ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar donde se ventila el caso y que tiene como principal investigado el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, enfrenta un nuevo por proceso, en el cual se le acusa por alertas migratorias presuntamente “ilegales” emitidas como parte de una "persecución política" contra 445 personas. En una audiencia cautelar, se dispuso que deba estar recluido por otros cinco meses más en la cárcel de San Pedro.

La Fiscalía Departamental de La Paz solicitará que se congelen las cuentas bancarias que estén a nombre del exministro de Gobierno Arturo Murillo en el exterior e iniciará los trámites para su proceso de extradición. El objetivo de la solicitud es para que enfrente el proceso que  tiene en Bolivia por caso de la compra de gases lacrimógeno.

Un hombre entre 45 a 50 años de edad murió este miércoles en la ciudad de El Alto tras ser atacado por una jauría de perros. Los dueños se encuentran arrestados mientras que los canes bajo observación en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El hecho ocurrió en la zona Alto Lima Segunda Sección donde fue se reportó la agresión. Según el testimonio de vecinos al menos seis perros habrían merodeado por la zona y atacado a la víctima, informó a ERBOL el jefe de la División Homicidios de la FELCC de El Alto, teniente Carlos Patzi.      

Daniel Leonardo Aliss Paredes, ex cuñado del exministro de Gobierno Arturo Murillo y su exayudante   capitán de Policía Daniel Bellot se encuentran en calidad de aprehendidos dentro de la investigación por sobreprecio de material antidisturbios.

Se decidió esta situación luego que este miércoles ambos hayan prestado su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz. Los principales denunciados en el caso son Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López.

Tras casi siete años de proceso, un Tribunal de Sentencia determinó este miércoles absolver de culpa a Jhiery Fernández en el caso Alexander, con lo cual termina un “calvario” en el cual el médico estuvo acusado, humillado y hasta encarcelado por un crimen del cual ahora es declarado inocente.

“Estoy feliz”, así se expresó Jhiery tras la audiencia. Dijo que sus padres seguramente lloraron de felicidad por lo que lucharon para que la verdad salga a la luz.

La Fiscalía informó que ha presentado una nueva imputación contra el coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acusado de presuntamente haber manipulado diez procesos de investigación mientras ejercía el cargo.

Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue aprehendido por estar vinculado en el caso de sobreprecio de material antidisturbios. Dentro del mismo caso, el capitán de Policía Daniel Bellot, quien fuera ayudante de Murillo, se encuentra compareciendo como testigo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Comerciantes del mercado ubicado en la zona del Cementerio en La Paz lograron la madrugada de este miércoles capturar a un ladrón, quien –según informaron- usaba vestimenta de mujer para cometer hurtos de cargas de alimentos.

Según los relatos de las comerciantes, el sujeto había intentado llevarse carga de papa y, para ello, intentó contratar un taxi, sin embargo, el conductor era conocido de la dueña de la mercadería y la alertó mediante teléfono.

Tras las revelaciones sobre corrupción que una investigación de Estados Unidos realizó en el caso gases lacrimógenos, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, atribuyó las irregularidades a lo que denominó como “clan mafioso del gobierno de Jeanine Añez”, al cual culpó por los 2,3 millones de dólares de daño económico que se habría provocado con esta contratación.