Seguridad

Las resoluciones por las cuales la jueza Melina Lima cerró el caso Akapana, contra Samuel Doria Medina y sus familiares, fueron revocadas por instancia superior, por lo cual la Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental William Alave, quien indicó que el caso pasó a la Sala Penal IV del Tribunal Departamental de Justicia y que se determinó esta semana revocar las resoluciones de la jueza Lima.    

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de la jueza Melina Lima, imputada por prevaricato por cerrar un proceso contra Samuel Doria Medina, mientras que desde la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) rechazaron la aprehensión e instaron a que la autoridad judicial se defienda en libertad.

“Está solicitando la detención preventiva en base a los elementos, veremos hoy qué determina el juez”, dijo el fiscal departamental William Alave.

El jefe de la división de Delitos Económicos Financieros de la FELCC, coronel Jorge Sologuren, informó que en la investigación de los robos virtuales de cuentas bancarias, ya se ha avanzado en la identificación de personas que recibieron las transferencias, pero también indicó que se ha solicitado apoyo técnico de una entidad financiera para descifrar información que les fue remitida en códigos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó, por mayoría de votos, la abrogación del Decreto 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, el cual incluía entre sus beneficiarios a personas procesadas durante el Gobierno de Jeanine Añez.

Dicha norma aprobada en enero establecía que, además de privados de libertad que debían cumplir ciertos requisitos, se otorgaba amnistía e indulto a personas procesadas por el “Gobierno de facto”, que es como el MAS nombra al periodo de Añez como presidenta.

Tras el reporte de robo de un IPhone, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz realizó un operativo que llevó a un taller técnico ubicado en la calle Eloy Salmón, donde se secuestró 25 celulares que no tenían respaldo de propiedad.

El coronel Roberto Almonte, jefe de la División Propiedades, explicó que –tras recibir la denuncia del robo del IPhone, se hizo un rastreo por los sectores donde se venden celulares de dudosa procedencia.

La Policía, mediante memorando del subcomandante Juan Luis Cuevas, instruyó a los efectivos de todo rango mantenerse en emergencia desde este jueves 21 de octubre ante cualquier contingencia.

Según pudo conocer este medio, la instrucción surge por los anuncios de movilizaciones y paro que se realizaron en contra de la ley 1386. 

Tres ciudadanos brasileños que se encontraban en el país de manera irregular fueron entregados en Puerto Suárez, frontera con Brasil a las autoridades.  

Ninguno portaba documentación que establezca su situación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aunque, tras una investigación, uno de ellos, tenía antecedentes por el robo de una avioneta.

Sobre este último caso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que tenía una orden de aprehensión en Brasil.

Cocaleros del mercado de Villa Fátima sostuvieron este miércoles un encuentro con el vicepresidente David Choquehuanca quien les habría comprometido un encuentro con el presidente Luis Arce con el objetivo de allanar una solución al conflicto.

Dilver Mendieta, representante de la regional Coripata Adepcoca, quien participó de la reunión con el Vicepresidente informó a ERBOL que existe el compromiso para que su sector pueda sostener un encuentro con el primer mandatario a quien dijo que que le expresarán las demandas para que se pueda respetar la sede legar de Adepcoca.

Dos legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y uno del Movimiento al Socialismo (MAS) expresaron, por separado, su preocupación, luego de que reportes de prensa señalaron que personas prófugas de Brasil por narcotráfico y de Perú por corrupción habrían ingresado a Bolivia.

La jueza Melina Lima fue aprehendida este miércoles, tras ser acusada de cometer irregularidades al haber determinado la extinción de un proceso penal que estaba abierto contra Samuel Doria Medina y sus familiares.

Según información extraoficial, la jueza Lima dispuso la extinción de la acción penal contra Doria Medina, que se llevaba adelante por los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito por particulares con afectación al Estado.