Seguridad

Tras el operativo de la noche del jueves, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí confirmó este viernes que se aprehendió al excívico Marco Pumari. 

El director de la FELCC señaló  que Pumari fue aprehendido por el delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, pero no brindó mayor información de su paradero debido a la delicadeza del caso. 

Indicó  que también se procedió a tres allanamientos en las oficinas del Comité Cívico Potosinista, en cumplimiento de órdenes judiciales. 

La Dirección General de Migración emitió 29 alertas migratorias, solicitado por la Fiscalía de Santa Cruz, para implicados y testigos en la investigación de la creación de 800 ítems “fantasma” en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

En la lista se encuentran los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa, esta última brindó su declaración informativa en calidad de testigo. El Ministerio Público indaga una presunta red de corrupción en la comuna cruceña.  

El presidente Luis Arce instó a los nuevos sargentos de las Fuerzas Armadas “marchar junto al pueblo” y velar por la unidad, mientras que el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Antonio García recordó que los militares “no realizan acción política”.

“Ustedes damas y caballeros sargentos tienen que marchar junto al pueblo del que han salido y al que pertenecen con lo que logramos la unidad que hará posible todo lo que nos propongamos”, afirmó el mandatario en un acto desarrollado en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército "Maximiliano Paredes".

La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa se presentó este jueves a declarar como testigo ante la Fiscalía, por el caso denominado “ítems fantasma”. En su ingreso aseguró que se encuentra tranquila y quiere que se haga justicia.   

“Está en proceso de investigación y quiero que se averigüe, y vengo como testigo a dar todo lo que sé”, dijo la exalcaldesa antes de ingresar.

Sosa fue convocada a declarar en calidad de testigo.

Un patrullaje policial en instalaciones del Tribunal de Justicia en El Alto derivó en un episodio en que una persona, que aseguraba ser juez, lanzó amenazas a efectivos del orden que intervinieron un hecho de presunto consumo de bebidas en un juzgado.

Según pudo conocer este medio de comunicación, el caso se registró a últimas horas de la noche del lunes 6 de septiembre.

Policías realizaban el patrullaje en el Tribunal de Justicia y escucharon música a alto volumen de un juzgado.

El otro grupo de víctimas y heridos de la masacre de Senkata, El Alto, demandó que se pueda anular el acta que firmó el Gobierno con sector de víctimas, representado por David Inca, y que se active un censo que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

El documento fue suscrito el 6 de diciembre y la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, cuestionó que el Gobierno solo haya tomado en cuenta a un solo sector que busca justicia y la reparación de daños tras los hechos de 2019.

El juez tercero de instrucción en lo penal, anticorrupción y de violencia hacia la mujer de El Alto determinó que un conscripto de 19 años de edad, acusado de tentativa de feminicidio, cumpla la medidas cautelar de detención preventiva en su cuartel hasta terminar su servicio premilitar, para después recién ser enviado a un centro de reclusión.

Guillermo Parada Vaca, hermano del principal implicado Antonio Parada, aún se encontraría en el país y se indaga, mediante Inteligencia, su paradero para dar cumplimiento a la orden de aprehensión por la investigación de los  800 “ítems fantasmas” en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

“Tenemos conocimiento que (Guillermo Parada) todavía se encontraría en el territorio (nacional)”, respondió el director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jhonny Chávez, ante la consulta de los medios.

La Fiscalía presentó la acusación formal en contra del ex Director General de Migración del gobierno transitorio, Marcel Rivas,  para llevarlo a juicio por el caso denominado “alertas migratorias”.

La acusación es por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.

Rivas es sindicado porque presuntamente instruyó la activación de alertas migratorias denominadas “informativas” sin cumplir el procedimiento de acuerdo a la normativa.

Arturo Murillo, exministro de Gobierno, se declaró “no culpable” de los delitos que se lo implican en el pago de sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos. Se aguarda que entre 7 a 15 días se desarrolle la audiencia con jurados.

La información la dio a conocer el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien  afirmó que la decisión es personal y podría ser revocada también de manera personal por su defensa y por el mismo acusado en este caso.