“Ven, vengate, está aquí”. Ese fue el mensaje que una noche de 2024 recibió en su celular una joven de 21 años edad, de parte de su amigo policía. Esas cuatro palabras marcaron su vida, puesto que un año y seis meses después derivaron en una condena a 30 años de cárcel por el delito de asesinato.
El tribunal sexto de sentencia anticorrupción de La Paz llevará adelante el viernes una audiencia, donde definirá si da curso a la solicitud del gobernador Luis Fernando Camacho de extinguir el caso denominado Golpe de Estado I.
La información fue proporcionada por el fiscal Walter Lora, quien indicó que la audiencia se desarrollará de manera virtual el viernes a las dos de la tarde.
Según explicó, la defensa de Camacho presentó una excepción por duración máxima del proceso penal, con la intención de que se extinga el proceso.
Después de hechos como el secuestro en Yapacaní, el comandante de la Policía, general Mirko Sokol, reconoció que la entidad verde olivo no cuenta con equipo y armamento adecuado para enfrentarse a grupos criminales, por lo cual se está en busca de recursos con miras a un fortalecimiento.
Sokol explicó que “hay grupos que cuentan con armamento sofisticado”, mientras la Policía ha sido desarticulada durante los últimos 20 años.
Dos sargentos de la Policía, un varón y una mujer, han sido aprehendidos por la Fiscalía, tras haber sido denunciados de haber cobrado soborno mediante plataforma digital de código QR.
El caso se registró el 31 de enero, cuando seis personas fueron arrestadas por beber en las calles de La Paz y fueron trasladada a Conciliación Ciudadana, indicó el fiscal Johan Muñoz.
Según el informe, los policías habrían ofrecido liberar a los arrestados a cambio de que paguen Bs3.000, porque de lo contrario se iban a quedar las ocho horas.
El abogado Diego Coimbra, defensa del juez Hebert Zeballos involucrado en el caso “maletas”, afirmó que la maquinaria encontrada en la empresa de seguridad donde se hallaron casi 80 kilos de marihuana no era para el procesamiento de sustancias controladas, sino que correspondía a un proyecto paralelo para instalar una fábrica de hielo.
Tras el rescate de una mujer secuestrada en la región de Yapacaní en Santa Cruz, la Fiscalía confirmó que hubo un pago de parte de la familia para lograr la liberación, pero además la misma víctima ya había sido involucrada presuntamente con el narcotráfico.
El fiscal general Roger Mariaca indicó que el caso se reportó el 2 de febrero y que la Policía se movilizó para dar con el paradero con la víctima.
Los secuestradores habrían solicitado dinero a cambio de liberar a la víctima.
El diputado del PDC, Alejandro Medinaceli, informó que ha presentado una demanda penal contra Edmand Lara, por el delito de injuria, debido a que el vicepresidente lo involucró con hechos irregulares de presunta venta de cargos.
“Nos vamos a ver en estados judiciales”, desafió.
La semana pasada, Lara publicó un video en que implica a Medinaceli con presuntos cobros por cargos. Como prueba, mencionó un testimonio judicializado que señala al diputado y presuntos documentos de designaciones que estarían firmados por el legislador.
La Fiscalía Departamental de Tarija informó este lunes que identificó a Mijail R. G., alias “El Tuerto”, como el presunto autor intelectual del asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, y lo vinculó con actividades de contrabando de granos.
El fiscal departamental, José Ernesto Mogro, señaló que el crimen “no ha sido al azar”, sino “debidamente planificado”, y afirmó que los autores materiales se trasladaron desde Yacuiba a la ciudad de Tarija el 5 de enero, para realizar un seguimiento a la víctima.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó sobre el fallecimiento reciente de tres personas al interior mina en Potosí, en hechos ocurridos bajo diferentes circunstancias, con lo que la cifra de víctimas en lo que va del año asciende a 15.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, aseguró este lunes que no se encubrirá ningún delito de índole sexual, ni aunque el sindicado sea un expresidente como Evo Morales.
“Esta Viceministra y este Viceministerio no va a encubrir a ningún delincuente sexual. Acá quien comete un delito de estupro, de abuso sexual y de violación tiene que responder ante la justicia, sea quien sea, porque todos somos iguales ante la ley (…) Incluido Evo Morales, sea expresidente, sea quien sea, todos tienen que responder ante la ley”, dijo Echeverría.
