Seguridad

En el transcurso de un día, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, pasó de estar buscado por la justicia a gozar de su libertad, vitoreado y levantado en hombros por sus seguidores.

Quispe está sindicado en un proceso por conducción peligrosa y uso indebido de bienes, debido a que el pasado domingo 13 de junio el vehículo oficial asignado a su autoridad protagonizó un hecho de tránsito.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados intentaron entrevistarse este jueves con Jeanine Añez en  la cárcel de Miraflores, sin embargo, la expresidenta rechazó hablar con legisladores del MAS y sólo recibió a la diputada de Comunidad Ciudadana, Pamela Alurralde.

La Fiscalía determinó ordenar la aprehensión del gobernador Santos Quispe, en el marco de un proceso por uso indebido de bienes y conducción peligrosa, sin embargo, la Gobernación denunció que se trata de una persecución que busca el derrocamiento de la autoridad departamental.    

En este caso, se indaga un hecho de tránsito del 13 de junio protagonizado por un vehículo oficial, en el cual se involucra al Gobernador.

En el departamento de La Paz, una mujer de 18 años de edad falleció aparentemente por lesiones causadas en la caída en un pozo y luego de que su familia peregrinó por atención en terapia intensiva. El caso está en instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), dado que existe una denuncia de presunta agresión sexual. 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tratará este jueves, en sesión extraordinaria, el requerimiento acusatorio de la Fiscalía para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidente Jeanine Añez por los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata de 2019.

La sesión fue convocada a las 08.30 luego de haber sido considerado por la Sala Penal que analizó la solicitud, informó el magistrado Ricardo Torres, quien añadió que trata de un trámite “más formal” del caso.

Juan Carlos Cardozo, hermano de José Luis Cardozo,  quien perdió la vida durante los enfrentamientos suscitados en La Calancha en noviembre de 2007, no descartó llegar a un acuerdo con el Estado boliviano previo a un juicio en contra de los autores del deceso de su familiar y los otros dos universitarios.

“La predisposición nuestra está abierta (de llegar a un acuerdo) porque lo que queremos es buscar justicia, que se dé con los autores materiales de estos asesinatos que causó el Gobierno”, afirmó al periodista Iván Ramos de la red ERBOL.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que la decisión de que si Jeanine Añez debe defenderse en libertad corresponde a una análisis de la comisión de fiscales y determinación las autoridades jurisdiccionales que atienden el caso de la exmandataria.

“La comisión de fiscales es la que va a tener conocimiento respecto a los informes médicos, el informe del Régimen Penitenciario y tomarán las decisiones las autoridades judiciales en todo caso en la posibilidad de su derecho de defensa en libertad”, dijo Lanchipa.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) apoyarán a Bolivia con al menos $us 3.628.322 para la reforma de la Justicia en el marco del proceso de reforma a la Justicia que se quiere impulsar en el país.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó, en entrevista con ERBOL, que en la visita de ayer de representantes de la ONU Bolivia se confirmó la llegada de una misión al país, además del apoyo logístico y económico para el trabajo que se busca encarar.

En medio de reclamos de internas del penal de Miraflores que exigen trato igualitario a Jeanine Añez, una de las representantes de las reclusas afirmó que anteriormente se tomó medidas similares respecto a Gabriela Zapata y que ahora ella es “una privada de libertad más”.

Fabio Bascopé, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fue aprehendido y conducido hasta dependencias del Ministerio Público en Sucre para brindar su declaración informativa en el marco de la investigación por los destrozos que sufrió el año pasado la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con una publicación del diario Correo del Sur, el activista fue trasladado desde Cochabamba y pasado el mediodía llegó hasta la capital del país. El integrante es el cuarto implicado en los actos de violencia del 6 de octubre de 2020.