Seguridad

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comandó este jueves la expulsión del país de tres reos brasileños, pertenecientes a la banda criminal PCC (Primer Comando de la Capital), quienes fueron entregados a las autoridades de su país de orgien.

“Los estamos expulsando absolutamente a todos, porque son ciudadanos que le están haciendo daño a la sociedad boliviana”, manifestó Murillo.

Entre los expulsados se encuentra Mariano Tardelli, implicado en el asalto a un vehículo blindado de la empresa Brinks en 2017.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino la tarde del miércoles una “casa de citas”, ubicada a una cuadra de la plaza Murillo, que estaba funcionando en horario restringido por la cuarentena dispuesta ante el coronavirus.

En la intervención se arrestó a siete personas, de las cuales cuatro son de sexo femenino, indicó el coronal Juan José Millán de la FELCC.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz ha iniciado de oficio la investigación para identificar al responsable de la difusión de un video en el cual se denunciaba un caso de coronavirus en un centro médico, y cuya veracidad después fue desmentida.

Dicho video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra  presunto personal médico en un centro de salud mencionando que se debía fumigar y que el caso enviado al “Obrero” era positivo. El dato fue desmentido por la Caja Nacional de Salud.

La Policía informó que, durante la primera jornada de cuarentena nacional, se organizaron grupos de choque en la Ceja de El Alto, cuyo objetivo era azuzar al resto de la población para enfrentarse a las fuerzas del orden.

“Algunos acatan normalmente, pero hay renuentes, incluso hay grupos de choque que quieren enfrentarse a la Policía en la Ceja de El Alto. No lo vamos a permitir”, indicó el comandante regional, coronel Tito Lucero.

Después de haber llegado al país el sábado y, además, haber asistido a sus fuentes laborales hasta este miércoles, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se sometieron a aislamiento preventivo como medida de prevención debido al coronavirus, informó la presidenta de la entidad, María Cristina Díaz.

El Juzgado Tercero de Anticorrupción de Santa Cruz dictó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para  Mario David Roca Landívar, por el delito de feminicidio de su concubina Carmen P.M.A de 21 años de edad.

El imputado, mediante su abogado, solicitó someterse a procedimiento abreviado donde reconoció el delito y pidió perdón a la familia, informó la Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia.

Siete policías fueron detenidos en el departamento de Beni, tras ser acusados de robar parte de una cargamento de cocaína que estaba incautada, informó el ministro de Gobierno Arturo Murillo.

La carga de droga de 312 kilos fue encontrada en la provincia Itenez. Cuando se iba a proceder a su incineración, en el camino desaparecieron siete kilos, según el informe.

Las pacientes que fueron reportadas como los primeros casos del nuevo coronavirus Covid-19 en Bolivia serán dadas de alta, pero se mantendrán en aislamiento por 15 días, confirmó este miércoles el ministro de Salud, Aníbal Cruz. 

“El día de hoy es el último día de las dos pacientes cero, que llamamos en el sentido que son los dos primeros casos que vienen de Italia, la paciente de Oruro de 65 años y la de Santa Cruz. Ellas hoy día cumplen su cuarentena de 14 días será el alta respectiva”, informó la autoridad sanitaria.

Un reo brasileño fugó la madrugada del lunes de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en donde se encontraba por los delitos de extorsión y tenencia ilegal de arma.

El coronel Tito Lucero, comandante policial de El Alto, indicó que la fuga se registró a las cinco de la mañana y que, desde entonces, se activó el plan de búsqueda.

En su fuga, el reo cortó la grabación de video-seguridad, saltó la malla con la ayuda de una cuerda, para evacuar a través del perímetro externo, según el reporte policial.

El diputado Edgar Montaño (MAS) afirmó que la reforma al Manual del Sistema de Compras Estatales (Sicoes) dispuesto por el Ministerio de Economía en favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana “es acto ilegal porque con una simple resolución repone los gastos reservados y mete las manos a los recursos del Tesoro a título de seguridad del Estado”.