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La Cancillería saldó una deuda heredada de 2,3 millones de dólares y plantea una reestructuración del servicio exterior con la reducción de ítems, según informó el canciller Fernando Aramayo. La medida forma parte de un ajuste institucional tras la revisión de la administración diplomática.

“Hemos recibido la Cancillería a noviembre de 2025 con una deuda de 2.350.881 dólares norteamericanos, tanto en salarios como en costo de vida. (…) De los 357 ítems del servicio exterior, hemos reducido a 285”, informó Aramayo.

El mayor general Jim Ryan, comandante del Ejército del Comando Sur de Estados Unidos, se encuentra en una visita en Bolivia, en el marco del fortalecimiento de la relación entre ambos países.

Según difundió la Embajada de EEUU, se trata la primera visita de un alto representante militar de los Estados Unidos a Bolivia desde 2006, es decir hace 20 años.

El general estadounidense tendrá reuniones con homólogos bolivianos, visitará la Embajada de los Estados Unidos y hablará con los cadetes del Colegio Militar del Ejército, según nota de prensa de la delegación diplomática.

La Policía reportó un robo violentó ocurrido este miércoles en una vivienda de la zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz, donde un grupo delincuencial se llevó unos 80.000 dólares, 300.000 bolivianos, además de objetos de valor entre joyas y electrónicos.

El robo fue protagonizado por alrededor de cuatro antisociales, quienes habrían ingresado al domicilio, informó el coronel Henry Pinto de la fuerza anticrimen.

El gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Luis Justiniano, denunció ante el Ministerio Público un hecho de robo por faltante de inventario de productos del subsidio en la distribuidora El Remanso, en Santa Cruz, tras controles internos realizados en esa agencia.

“Es faltante en el inventario del subsidio. (...) Es robo. Daño al Estado”, afirmó Justiniano, al confirmar que la denuncia fue presentada el lunes por el presunto delito de robo y que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía.

El actual ejecutivo de los trabajadores petroleros de Bolivia, Augusto Blanco, reveló que durante la gestión de Evo Morales ya era de conocimiento en YPFB que se estaban “comiendo” las reservas de gas, pero se guardó silencio porque el único vocero sólo era la cabeza del sector.

Reveló una reunión donde estuvo presente junto a técnicos de YPFB y el entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, recordado por la frase en la cual aseguró que Bolivia estaba sobre un “mar de gas”.

El Gobierno suspendió el diálogo tripartito ante la inasistencia de la Central Obrera Boliviana (COB), mientras la organización afirmó que no se prestará “a su juego”. La reunión debía instalarse este miércoles para abordar el incremento salarial.

“Ya han pasado más de 50 minutos o una hora. No asistió la Central Obrera Boliviana. No hay otra cosa que suspender, tampoco nos podemos sentar con otro sector”, informó el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

La autoridad aseguró que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo y que el encuentro podrá reprogramarse.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia confirmó un paro nacional de 24 horas para el martes 5 de mayo, con bloqueos en carreteras y cierre de fronteras. La medida se definió en un ampliado nacional realizado en Santa Cruz.

“Se ha determinado un paro nacional de 24 horas y si no hay resultado será escalonado (...) El día martes 5 de mayo estarán paralizado todas las capitales de departamentos, provincias, las carreteras de la red vial fundamental y asimismo cerradas las fronteras en todo el territorio nacional”, afirmó el ejecutivo Lucio Gómez.

En medio de movilizaciones y anuncios de protestas de sectores sociales, el vocero presidencial José Luis Galvez denunció que estaría en curso un “proceso conspirativo”, sin embargo, insistió en proponer el diálogo como mecanismo para abortar las demandas hacia el Gobierno

“Tenemos que escucharnos. Lo que sí no estamos de acuerdo es en la generación de convulsión política con intenciones de este generar un caos y, eventualmente, construir un proceso conspirativo, que creemos que en parte está en curso”, dijo Galvez en su primera conferencia de prensa en el cargo.

AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

En un contexto de marcha indígena campesina hacia la sede de Gobierno por la abrogación de Ley 1720 que utoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias tituladas a propiedad mediana ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) mediante un reciente comunicado se pronunció por la anulación inmediata de la Ley 1720 por considerarla inconstitucional y vulnerar los derechos indígenas.

La Fundación Jubileo propuso una reestructuración integral de YPFB, cuestionando el actual modelo organizativo y legal que, según sus analistas, limita la eficiencia de la estatal y agrava la crisis energética que atraviesa el país.