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Al cumplirse 22 días de la reanudación de los bloqueos en la frontera con Perú por los conflictos sociales, las pérdidas económicas son cuantiosas para la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que cuantificó al menos $us 160 millones hasta el momento.

Junto a esa problemática existe un millar de connacionales varados en las carreteras que no pueden regresar a Bolivia o completar su recorrido hacia el vecino país, lamentó el presidente de la CNI, Pablo Camacho.

El diputado del MAS, Héctor Arce, denunció que departamentos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Cochabamba fueron usados por autoridades de esta institución para “farrear” y como “moteles”. Verificó los ambientes y encontró incluso un preservativo usado, que estaba en un cajón.

Arce explicó que ha recibido imágenes y denuncias sobre las actividades que se desarrollaban en estos departamentos. En un video, se observa una gran cantidad de botellas y latas de cerveza en el lugar.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, descartó que con el cabildo nacional a realizarse este miércoles en horas de la noche se busque afanes de desestabilización como viene denunciando el Gobierno.

“Hablar de que se pretende desestabilizar o se está buscando impunidad saliendo a las calles es una gran mentira, no estamos buscando impunidad, estamos buscando libertad, democracia y justicia”, aseguró en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL.

El ministro de Educación, Édgar Pary, reafirmó la vigencia de la nueva malla curricular, que caracteriza a los hechos de 2019 como “ruptura constitucional”, y descalificó las críticas bajo el argumento de que son políticas.

El Ministro sostuvo que la malla curricular se trabajó desde 2021 con la participación de 75 instituciones. Acusó al Comité Nacional de Defensa de la Demacracia (Conade) por generar un rechazo político.    

ACTUALIZADO CON DATOS DE LOS FALLECIDOS

Un hecho de tránsito, registrado la madrugada de este miércoles en la carretera La Paz-Oruro, dejó el saldo de al menos siete personas fallecidas y 18 heridas, informó la Policía.

Se trata de una colisión protagonizada por un ómnibus de la empresa Bolívar y dos camiones, que se reportó alrededor de las 05:30, indicó el coronel Marco Navia, director de Tránsito de El Alto.

El accidente ocurrió en el sector ubicado por la planta de Samo, antes de llegar a la Apacheta, saliendo de la ciudad de El Alto.

A tiempo de pedir que se investiguen las muertes en el conflicto en Perú, la presidenta Dina Boluarte acusó el martes a Ponchos Rojos de ingresar armas con munición denominada dum-dum por la frontera de Bolivia.

La munición dum-dum tiene la característica que se expande al impacto, generando más daño. Autoridades peruanas negaron que las fuerzas del orden utilicen ese tipo de armas en los operativos contra manifestantes. 

Un informe pericial realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) corroboró la denuncia que sufrió por violencia psicológica Lorena B. M. por parte de su expareja el subprocurador de Supervisión e Intervención, Kaleff Clemor.

La pericia establece que la víctima sufre de ansiedad, depresión, autoestima insuficiente, problemas para conciliar el sueño, afectación en la concentración debido a pensamientos intrusivos referidos al hecho denunciado, irritabilidad y tristeza ante la rememoración del acontecimiento, entre otros.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Bolivia por las violaciones a derechos humanos del expolicía Blas Valencia y otros implicados en el atraco armado a una remesa de 2001, disponiendo que se paguen indemnizaciones que suman alrededor de 800 mil dólares para los afectados y su defensa.

El atraco se registró en diciembre de 2001, cuando el grupo delincuencial atacó un vehículo de seguridad de la empresa Prosegur en la ciudad de La Paz. Hubo una balacera que derivó en la muerte de tres personas.

Los juristas independientes, junto a la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, iniciaron este miércoles con el proceso de recolección de un millón y medio de firmas para la reforma judicial, vía modificación de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, desde el MAS y el Gobierno advirtieron que los tiempos no dan para la reforma antes de las elecciones judiciales de este 2023. Incluso el senador Luis Adolfo Flores dijo que se realizará “normal” la preselección de candidatos a magistrados.

“Es un hecho histórico”. Así el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez cautelar de El Alto, Marco Amaru, de declararse competente de procesar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso Senkata, a pesar de que ya existe un trámite para juicio de responsabilidades.

Además, el Ministro manifestó su esperanza de que un juicio penal ordinario se instale a más tardar en tres meses por este caso en El Alto.