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El diputado del MAS, Víctor Borda, aseveró que el nuevo Decreto Supremo de diferimiento de créditos bancarias contradice la Ley 1294, aprobada por la Asamblea Legislativa, por lo cual anunció que presentará una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra la reciente norma emitida por el Gobierno.

El nuevo Decreto 4248 amplía por tres meses, hasta agosto, el diferimiento en las cuotas de créditos para quienes adeudan menos de un millón de bolivianos, pero excluye a quienes tienen salario fijo.

El tuit de Trump se produce en un momento de disturbios en las ciudades de los Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de Potosí, en coordinación con organizaciones sociales y cívicas, decidió este viernes ampliar por 15 días la cuarentena rígida por 15 días más en la ciudad de la Villa Imperial.

El alcalde Luis Alberto López resaltó que la decisión se tomó con el val de organización sociales, el Sedes, CNS, distritos, transportistas comerciantes, profesionales, Comité Cívico entre otros.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Crimen (FELCC) logró la aprehensión de cuatro personas, tres varones y una mujer, acusados de la falsificación y tráfico de pases de circulación vehicular emitidos por organizaciones de gremiales.

El director departamental de la FELCC, Juan Luis Cuevas, indicó que el operativo se realizó en la ciudad de El Alto y que se encontró abundante evidencia de documentos.

Indicó que los pases se vendían a Bs200 y más. Los mismos eran para permitir el traslado de productos.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz decidió que las instituciones públicas en su jurisdicción sólo podrán autorizar la movilización de un 40% de sus funcionarios, de cara a la flexibilización de la cuarentena que será desde el 1 de junio.

“Se ha decidido como COE Departamental que todas las instituciones públicas sólo pueden autorizar el trabajo para sus funcionarios en una capacidad de 40%, aunque esta decisión también será coordinada con el Ministerio de Trabajo”, dijo el gobernador Félix Patzi.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, denunció este viernes que la caravana de ambulancias enviadas a Beni, para ayudar en la lucha contra el coronavirus, sufrió acoso y amenazas al llegar a Cochabamba.

Señaló que, ante el peligro, se ha dispuesto escolta de policías y militares para proteger a la caravanava en su paso por el Trópico cochabambino.

La Ministra hizo esa denuncia a través de su cuenta de Twitter a media mañana.

Si bien el Gobierno amplió tres meses más el diferimiento en el pago de créditos para quienes adeudan menos de un millón de bolivianos a la banca, las personas que han mantenido su salario con monto fijo están excluidas de ese beneficio.

Las disposiciones se encuentran en el Decreto 4248, el cual en su artículo 2 establece un diferimiento automático de las cuotas correspondientes a junio, julio y agosto, para quienes tienen deudas de menos de un millón de boliviano. 

Tras una audiencia de 12 horas, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, recibió detención domiciliaria como medida cautelar por el caso comidas, sin embargo, el burgomaestre no recuperó su libertad puesto que pesa sobre él otra aprehensión por un caso de tenencia de arma, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

En el caso comidas, la fiscal Faridy Arnez, indicó que a criterio del juez no se comprobaron los riesgos procesales contra Leyes, por lo cual la autoridad judicial decidió la detención domiciliaria con custodios.

El Ministerio de Salud informó que el país llegó este jueves 28 de mayo a 8.387 contagios de coronavirus (COVID-19), con 619 nuevos infectados reportados en las últimas horas en siete departamentos. 

Los nuevos infectados fueron registrados en Santa Cruz (408), Beni (151), Cochabamba (43), La Paz (8), Oruro (4), Potosí (2) y Tarija (3). 

La Fiscalía en Chuquisaca inició un proceso penal en contra de Reynaldo A.M., Responsable de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Macharetí, por el delito de Atentado contra la Salud.

Según el fiscal Jorge Antonio Gómez, el funcionario procesado habría tenido conocimiento de que personas trabajaban sin medidas de bioseguridad en el Pozo Sipotindi y que tres habían dado positivo para Covid-19.