El expresidente Evo Morales y al menos otras 1.000 personas “perseguidas” durante el gobierno de la exmandataria Jeanine Añez serán beneficiadas por un decreto presidencial de amnistía que será tratada este viernes por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La Juez Primera de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó realizar audiencia de manera presencial el viernes 12 de febrero, para definir la situación legal del general Luis Fernando Valverde, quien está imputado por el delito de homicidio en el caso Senkata.
La audiencia se realizará desde las 08:30, para lo cual se convocó a las partes a presentarse en el juzgado tomando medidas de bioseguridad.
Ante la presión de las organizaciones sociales, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), la Ley de Emergencia Sanitaria será promulgada la tarde de este viernes por el presidente Luis Arce, anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
La decisión fue asumida luego que la tarde de ayer se haya reunido el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, con diferentes sectores sociales quienes exigieron que “de una vez” deba entrar en vigencia la norma en un plazo de 24 horas.
Como parte de sus medidas de bioseguridad, la Cámara de Diputados reparte a los parlamentarios cajas de medicina china, supuestamente natural y artesanal, cuyo empaque afirma que es “anti-Covid-19”.
La distribución de esas pastillas es cuestionada por la oposición porque, además de no ser producto nacional, no existe fármacos conocidos cuya acción contra la enfermedad haya sido comprobada. De parte del oficialismo, se alega que los medicamentos llegaron de donación y que se busca cuidar la salud.
La defensa legal del dirigente afín al MAS, Fautino Yucra, informó que se está pidiendo a la Asamblea Legislativa que apruebe la amnistía con el objetivo de anular los procesos judiciales en contra de su defendido y Evo Morales.
El abogado de Yucra, Wilder Vargas, se pronunció un día antes de que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione para considerar un Decreto de Amnistía e Indulto que beneficiaría los perseguidos durante el gobierno de Jeanine Añez.
“Hoy ya podemos afirmar con seguridad que este mes de febrero debe iniciar la campaña general de vacunación para el pueblo boliviano”. Así este jueves el presidente Luis Arce anunció la vacunación masiva en Bolivia contra la COVID-19.
El mandatario se manifestó en el acto donde se firmó el acuerdo con la estatal china Sinopharm para la llegada al país de 500 mil vacunas, de las cuales 100 mil son de donación y 400 mil son compradas.
El Gobierno de Bolivia firmó este jueves por la mañana un acuerdo para que el país reciba una cantidad de 500 mil vacunas de la estatal china Sinopharm, las cuales llegarían en este mes de febrero.
“Este compromiso es que nos van a llegar las vacunas antes del 28 de febrero. Estamos muy esperanzados, luego de escuchar al representante de Sinopharm allá en la República Popular de China de que esto inclusive puede ser mucho más antes, si es que las condiciones evidentemente de producción así sólo permiten”, dijo el presidente Luis Arce.
Testimonios recogidos por la Fiscalía apuntaron la responsabilidad al general en retiro del Ejército, Luis Fernando Valverde, por haber ordenado el movimiento de vehículos militares que derivó, presuntamente, en las muertes registradas en Senkata el 19 de noviembre de 2019. Sin embargo, el acusado replicó que en ese entonces estaba como civil y no tenía la potestad de dar órdenes.
La alcaldesa de Sucre, Rosario López, promulgó este miércoles la denominada “Ley Seca” que suspende las actividades carnavales y prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde el jueves 11 de febrero hasta el domingo 21 de febrero.
La norma dispone sanciones de Bs 300 o trabajo comunitario de 8 horas para quienes sean sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas, así como multas pecuniarias y otras sanciones para las actividades económicas que expendan estos productos y las comparsas.
Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exhortó a que las agrupaciones y partidos políticos eviten o prohíban las concentraciones de campaña electoral, debido al riesgo para la salud que implican para sus militantes y población en general.
Asimismo, la entidad defensorial lamentó que no exista un control riguroso ni una regulación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este tipo de actos políticos.