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Un puesto de control para seguridad está siendo construido en la localidad de Lauca Ñ en el Trópico de Cochabamba, como iniciativa de dirigentes y bases, informó este viernes la Radio Tv Mamoré Entre Ríos.

En fotografías publicadas por dicho medio de comunicación, se observa un armazón de madera de dos plantas con techo de calamina a un lado del camino.

La región de Lauca Ñ alberga a la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lugar donde se instaló la vigilia para proteger a Evo Morales ante intentos de captura.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) negó este viernes que exista minería ilegal en el municipio paceño de Mapiri y afirmó que el ataque contra una comisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue un hecho aislado originado por un conflicto interno en una cooperativa.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

Cada año hay menos alumnos. El problema ya no es solo educativo

Las cifras son frías, pero cuentan una historia preocupante. En apenas un año, Sucre perdió 766 estudiantes. La matrícula escolar pasó de 81.340 alumnos en 2025 a 80.574 en 2026, una caída que no responde a un hecho aislado, sino a un fenómeno que se viene profundizando desde hace varios años.

A medida que aumenta la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos en Bolivia, uno de los principales desafíos para consolidar esta transición es el desarrollo de infraestructura de carga que acompañe el crecimiento del mercado. En ese contexto, Huawei informó apuesta por impulsar soluciones tecnológicas que permitan acelerar la movilidad eléctrica mediante sistemas de carga rápida, inteligentes y sostenibles, como los implementados en ELECTROPOINT, la primera estación de carga ultrarrápida del país equipada integralmente con tecnología Huawei.

El presidente Rodrigo Paz pidió a Dios que ilumine a la administración de justicia para que castigue a los culpables del daño ocasionado con los bloqueos de los 53 días, para que sean castigados.

El mandatario se pronunció durante un acto en la Escuela de Cóndores, donde manifestó que bloquear nunca puede ser parte de la cultura de la vida, porque significa muerte y destruir la economía.

En ese marco, pidió iluminación divina para que parlamentarios aprueben y que la justicia actúe contra los responsables del daño al país.

El alcalde Manfred Reyes Villa manifestó que se debería nacionalizar por última vez los vehículos “chutos”, toda vez que ya están circulando en el país y no pagan tributos. Argumentó que se generarían ingresos para el Estado, en un momento de falta de recursos.

Bolivia recibió 459,91 millones de dólares por concepto de remesas de trabajadores entre enero y mayo de 2026, de los cuales el 50,25% provino de España, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con el reporte del BCB, España se consolidó como el principal país de origen de las remesas enviadas a Bolivia, con 231,56 millones de dólares durante los primeros cinco meses del año.

El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, advirtió que grupos armados operan en zonas de minería ilegal y aseguró que el Estado ha perdido gobernanza en varias áreas con recursos minerales, donde las inspecciones y operativos son repelidos con armas de fuego y explosivos.

La Defensoría del Pueblo informó que el recorte a su presupuesto obligó al despido de 44 funcionarios y al cierre de una oficina, además de prever la clausura de otras cuatro, lo que reducirá su presencia en zonas fronterizas.

“Hemos tenido que retirar 44 funcionarios por esta reducción del presupuesto y estamos cerrando una oficina. Tenemos previsto cerrar otras cuatro, que van a ser las cinco oficinas que vamos a concluir en sus funciones, particularmente en fronteras”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en La Tarde en Directo de ERBOL.

El Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz solicitó al Gobierno la emisión inmediata de un decreto supremo que declare el estado de emergencia económica del sector turístico por un periodo de seis meses, junto con un paquete de medidas de alivio tributario, financiero y de reducción de costos para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos y la conflictividad social.