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El viceministro Hernán Paredes informó que la Fiscalía recibió la tercera caja fuerte con objetos vinculada al caso de Sebastián Marset y detalló que la Policía presentó una denuncia para hallar a los responsables de no haber cumplido o haber alterado la cadena de custodia.

“Ayer el comando de la Policía boliviana ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y está siendo procesada. (…) Ha habido la recepción de la caja (fuerte) por parte de la Fiscalía y está en investigación ese proceso”, afirmó la autoridad.

Una persona de sexo masculino, de 47 años, falleció trágicamente, a consecuencia de un incendio estructural registrado en una vivienda del municipio de Achocalla.

El incendio afectó tres ambientes. Se movilizó a personal de Bomberos que trabajó en el lugar junto con vecinos para sofocar las llamas, informó el subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro.

La Dirección Departamental de Educación de Cochabamba prohibió la práctica de boxeo en unidades educativas, tras denuncias y la difusión de videos donde se observa a escolares realizando esta actividad dentro de un colegio.

“Sabemos muy bien que el boxeo es un deporte, empero las unidades educativas no son los lugares donde se debe practicar”, afirmó el director departamental de Educación, Edgar Veizaga, quien advirtió que esta actividad no forma parte de la malla curricular, de acuerdo al reporte de la Radio Pío XII de la red ERBOL.

AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES 

Jimena Mercado

La comunidad indígena del pueblo en contacto inicial Ese ejjas “Las Amalias” ubicada en el municipio Ingavi de la provincia Abuná del departamento de Pando, se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Sus líderes anunciaron su llegada a la sede de Gobierno este viernes, para unir su voz a la de sus hermanos de la comunidad de puerto Salinas, situado en el municipio de Reyes en el departamento de Beni.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

En Bolivia, más de 900.000 niñas y niños están en riesgo de perder el cuidado familiar, una situación que expone la fragilidad del sistema de protección y la ruptura de vínculos esenciales para su desarrollo. Frente a este escenario, el proyecto de Ley 150 plantea un cambio estructural para priorizar que crezcan en familia y no en instituciones.

EUROPA PRESS

Un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos que participó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero de este año, ha sido detenido y acusado de fraude y uso fraudulento de información confidencial, por apostar días antes a que estos hechos se producirían, por lo que habría ganado hasta 400.000 dólares (unos 340.000 euros).

Una maestra de 66 años, con 35 años de servicio en el sistema educativo y sin antecedentes por maltrato a estudiantes, enfrenta ahora un proceso penal. La denuncia fue impulsada por una madre de familia de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, quien presuntamente utilizaría a sus hijos para acusar a docentes y luego buscar “acuerdos económicos”, denunció el abogado de la profesora ahora imputada, Abel Loma.

El Gobierno informó que ha logrado un acuerdo con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), para modificar la Ley 1720 de conversión de pequeña tierra, con el objetivo de salvaguardar derechos de sectores.

La norma permite la conversión voluntaria de pequeñas tierras a medianas, para que sean objeto de transacción y crédito. Sin embargo, sectores indígenas y campesinos rechazaron la ley, al considerar que los expone a perder sus tierras y el endeudamiento.

Sebastián Daroca fue posesionado este jueves como presidente ejecutivo interino de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien comprometió un cambio “real” en la estatal, en medio de una crisis por el abastecimiento y la calidad de combustibles, además de ajustes en el área energética.

“Me comprometo a trabajar seriamente, transparentemente y con una decisión firme de enfrentar estos retos hasta resolverlos (…) hacer un cambio radical, real y estructural en la primera empresa de los bolivianos que es YPFB”, afirmó Daroca en su discurso de posesión.

Dos exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron enviados a prisión tras ser hallados culpables de manipular datos y propuestas económicas en un proceso de contratación en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de favorecer a una empresa constructora en Cochabamba.