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El Control Social del Comité Cívico de El Alto ha formalizado este lunes una denuncia penal contra la alcaldesa Eva Copa, por presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido al contratar una empresa constructora para el proyecto de mejoramiento del estadio de Villa Ingenio.

La denuncia fue presentada a la cabeza del dirigente Gregorio Gómez, quien aseveró que habría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos en la obra que se realizó con el objetivo de habilitar el estadio para certámenes internacionales.

Una galería comercial en el centro de La Paz ha sido arrasada por un incendio que se registró desde la madrugada de este lunes hasta horas de la mañana, generando cuantiosas pérdidas a los artesanos que tenían su tienda en el lugar.

“Estamos totalmente en la calle. No tenemos nada. Se ha quemado todo”, dijo con desesperación una de las afectadas.

Indicaron que se vendía sobre todo platería y que hay más de 30 personas afectadas en su capital.

Una de las artesanas indicó que cada puesto al menos tenía un capital de 40 mil dólares.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aclaró este lunes que el objetivo del Gobierno es aplicar este 2026 la propuesta del 50/50, es decir, distribuir a las regiones la mitad del presupuesto de temas como salud y educación para que sean administrados en el nivel subnacional.

El fin de semana se generó polémica, porque declaraciones de Espinoza fueron interesadas como si hubiese descartado el 50/50 para este 2026.

Para los prestatarios, el gobierno de Rodrigo Paz se propuso castigar a prestatarios para favorecer a los banqueros. La Confederación Nacional de Prestatarios anunció la organización de una marcha para este martes desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, en protesta por la supuesta indiferencia del gobierno frente a la aplicación de la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos.

El activista Manuel Morales y el abogado Héctor Castellón pidieron reivindicar la memoria de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien falleció el 18 de abril de 2022 mientras permanecía privado de libertad, luego de denunciar un millonario desfalco en esa entidad estatal. El pedido fue expresado en el programa Hagamos Democracia, de la red Erbol, donde ambos lamentaron que su caso haya quedado en el olvido por casi tres años.

El Ministerio de Gobierno aclaró públicamente que el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis) no forma parte, ni ha formado parte, de su estructura organizacional, en medio de la confusión generada tras una reciente movilización de personas con discapacidad en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, emitió el Instructivo RRMM N° 312/2025, mediante el cual dispone el trabajo ininterrumpido del Ministerio Público durante el mes de diciembre, periodo en el que el Órgano Judicial ingresa en vacación colectiva y se suspenden los plazos procesales. Asimismo, instruyó que durante este periodo las Fiscalías Departamentales lleven adelante un Plan de Descongestionamiento de casos en etapa preliminar y preparatoria que ya no requieran la realización de actuados investigativos a fin de emitir la resolución que corresponda.

Tras la salida de los autoprorrogados, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) funciona con cuatro de nueve magistrados. En ese marco, la presidenta de esa entidad, Paola Prudencio, manifestó esa situación es transitorio e hizo su llamado a que se realicen elecciones judiciales complementarias.

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional cerró este domingo la penúltima jornada de recepción de postulaciones para la designación de seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), registrando un total de 78 aspirantes de los que serán elegidos las nuevas autoridades, en cumplimiento del requisito de paridad obligatoria entre mujeres y varones.

El analista político Luis Alberto Ruiz advirtió este domingo que la constante referencia del presidente Rodrigo Paz a los errores de gestiones pasadas apenas le servirá como una “moneda de resguardo político” por un tiempo limitado, estimado en no más de 60 días, mientras la crisis del Estado se agrava sin respuestas estructurales.