Sección

Víctor Miranda, miembro del directorio de YPFB y representante del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, propuso reducir de 180 a 90 días el plazo de intervención de la petrolera estatal y planteó que una comisión de la Asamblea Legislativa fiscalice el proceso.

“Yo propondría que, en vez de que sean 180 días, (...) más bien sean 90 días, o sea, que hasta diciembre o finales de diciembre tengamos ya una idea exacta, un diagnóstico real de qué es lo que está pasando en Yacimientos”, afirmó en el noticiero Bolivia en Contacto de ERBOL.

Luego de haber tomado una decisión similar con YPFB, el Gobierno dispuso la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por un periodo de hasta 180 días, ante deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas.

El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, planteó la adopción de medidas administrativas para regularizar los trámites de derechos mineros, como una vía para reducir la actividad minera ilegal.

El funcionario señaló que más del 80% de la actividad minera en el país es ilegal y atribuyó esta situación a la demora de los trámites, que se estableció por el "modelo político" de los anteriores 20 años.

El fondista orureño, Héctor Garibay, ha generado un fuerte impacto en el ámbito deportivo y político nacional tras publicar una contundente carta abierta dirigida al presidente Rodrigo Paz y al Gobierno nacional. El descargo del atleta surge inmediatamente después de obtener el cuarto lugar en el Maratón de la Ciudad de México.

 En el compromiso reprogramado por la fecha 1 de la Copa Bolivia, Bolívar venció a GV San José (0-1), en el estadio Jesús Bermúdez. El único tanto del partido fue obra de Damián Batallini a través de un penal bien ejecutado. Bolívar jugó su partido 2000 en el profesionalismo.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inició este miércoles en Tiquipaya, Cochabamba, el proceso rumbo a una reforma electoral y anunció la realización de nueve talleres departamentales para recoger propuestas de organizaciones políticas, sociales, indígenas y de la sociedad civil.

“El OEP, que lidera el proceso de reforma electoral, reafirma la necesidad de observar estándares nacionales homogéneos con el reconocimiento de las particularidades territoriales, sociales, culturales y políticas de los nueve departamentos”, señala el comunicado del Encuentro Nacional.

La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) denunció que los pueblos indígenas fueron excluidos del proceso de diálogo para elaborar el nuevo Código Minero, a una semana de que comience la redacción del anteproyecto, prevista para el 9 de septiembre.

“Como pueblos indígenas no estamos tomados en cuenta en esta mesa de diálogo”, afirmó a ERBOL el presidente de la CPILAP, Guido Alfaro, quien exigió que el sector sea incorporado en las mesas de trabajo sobre la nueva norma.

La Cámara de Diputados rechazó por unanimidad el informe final de la comisión especial que investigó el denominado caso “Maletas” y dispuso su archivo, tras considerar que el documento era insuficiente y carecía de objetividad.

Durante el debate, los legisladores cuestionaron que las conclusiones y recomendaciones no reflejaran de manera clara los hechos investigados. “Carece de varios datos”, señaló el diputado Ruddy Pantaleón, quien además pidió que futuras comisiones sean conformadas con mayor responsabilidad y con profesionales vinculados al tema.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, alertó que de un presunto sicariato político que estaría intentando arremeter contra autoridades electorales, mediante amparos y procesos judiciales. Pidió poner freno a esas prácticas.

Un total de 18 personas, 11 de ellas aparentemente de nacionalidad china y siete bolivianas, fueron aprehendidas durante un operativo contra la minería ilegal ejecutado en el área minera en el municipio de Sorata, provincia Larecaja de La Paz.

El operativo fue realizado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (FELCDA), tras una denuncia presentada por la Cooperativa Minera Buenavista, titular del derecho minero sobre el área intervenida.