DD.HH. pide respeto al debido proceso para periodistas

La Asociación Departamental de Derechos Humanos en Santa Cruz, emitió un comunicado en el que asegura que los periodistas deben cumplir una labor en una situación de desprotección, por lo que piden a las autoridades judiciales que se respete el debido proceso para los periodistas que deben enfrentarse a una querella penal, lo que significa que se debe aplicar la Ley de Imprenta.

“Los  trabajadores  de  la  prensa  de  Bolivia  se  encuentran  desprotegidos, vulnerables ante la justicia y para que se respete el derecho a la información,  a  la no censura que transgrede los derechos humanos de  libertad prensa y de la información, razón por el cual rechazamos la no aplicación de la Ley de Imprenta, ley que se encuentra vigente, la misma que debe ser respetada por los operadores de justicia como una muestra de respeto absoluto a las Leyes Vigentes y a la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales en actual vigencias sobre la libertad de expresión”, se lee en el comunicado.

Agrega que esta instancia rechaza  la  judicialización  de  la  Libertad  de  Expresión  de  los trabajadores de la prensa y convoca a los Gobiernos Municipales a Organizar los  Tribunales  de  Imprenta  con  la  participación  de  profesionales  y ciudadanos notables y de esa manera garantizar un debido proceso plena que  garanticen  sus  derechos  civiles  y  políticos “y  no  se  conviertan  en cómplices de la injusticia y la persecución Judicial”.

Asimismo se denuncia la supuesta utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión  de  prebendas  arancelarias;  la  asignación  arbitraria  y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de “presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de  comunicación  en  función  de  sus  líneas  informativas”, atenta  contra  la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.

“Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o  indirectas dirigidas a silenciar  la  labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”, finaliza el documento.