Opinion
COLQUIRI, NACIONALIZACIÓN SÍ
Sobrevigencias
Alfredo J. Zaconeta Torrico
Jueves, 19 Julio, 2012 - 18:36

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El conflicto suscitado en la última semana en el centro minero de Colquiri, ratifica algunos aspectos, entre ellos la inseguridad jurídica para las inversiones mineras, indistintamente quien sea el operador minero.

Lo suscitado en Colquiri nos evoca inmediatamente a octubre de 2006, cuando las cuatro cooperativas que operaban en la zona decidieron tomar por la fuerza las operaciones de la Empresa Minera Huanuni en el cerro Posokoni de ese distrito, que dejó como saldo lamentable 13 muertos y decenas de heridos.

Ya en ese entonces junto a otros colegas, veíamos con preocupación la posibilidad de que este cruento episodio pueda replicarse en Colquiri, zona minera de similares características, que en sus entrañas cobija tanto a trabajadores asalariados de la empresa privada y cooperativistas mineros. No nos equivocamos, el avasallamiento a la Compañía Minera Colquiri por parte de los cooperativistas mineros fue cuestión de tiempo.

Para hacer una recapitulación de los hechos que circundan a Colquiri, debemos partir del contexto de 1985,cuando fruto de la Nueva Política Económica se dispuso la relocalización de miles de trabajadores incluyendo a este distrito. Liquidada la actividad minera estatal, en 1997 en claro afán privatista, Gonzalo Sánchez de Lozada mandó a elaborar la Ley 1777 (Código Minero en actual vigencia) que en sus artículos 91 y 94 limita el rol de la COMIBOL y autoriza la enajenación de su patrimonio.

El plan del ex mandatario se consuma el año 1999; como regalo de noche buena, su empresa la Compañía Minera del Sur – COMSUR, a través del DS 25631 de 24 de diciembre (gobierno de Hugo Banzer), se adjudica la licitación del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición y una inversión de 2 millones de dólares en los dos primeros años, esto se consolida en abril del año 2000 fecha en la que la COMIBOL, Compañía Minera Colquiri, COMSUR y Actis, firman un contrato de Arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con posibilidades de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aun existieran reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato estableció un canon de arrendamiento de 2,8% del Ingreso Neto de Fundición por los primeros 4 años y luego el 3,5% por los otros restantes, esto incluía un goce de los activos de Colquiri que a tiempo de su arrendamiento tenía toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras: campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas mineras entre zinc y estaño de $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000).

Este contrato, junto al de Porco (Potosí, bajo dominio de SinchiWayra), siempre fue objeto de crítica por los bajos ingresos que reportan para el Estado y la minería estatal; además, en su oportunidad estos fueron acusados de dolo y lesivos contra el patrimonio del Estado; cabe mencionar que, dichos contratos nunca fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como lo establecía la anterior Constitución Política del Estado. A esta serie de observaciones se debería sumar, ¿cuan facultada estaba COMSUR para subarrendar concesiones a favor de cooperativas mineras? Como lo hizo para asegurarse para cumplir con sus niveles de producción. El panorama se ensombrece más en febrero de 2005, cuando de forma sorpresiva a través de la prensa nacional se informa del traspaso de acciones de COMSUR a favor de la transnacional Glencore AG, que desde la fecha opera a través de su subsidiaria Sinchi Wayra en diferentes áreas mineras en el país.

Las observaciones a Sinchi Wayray sus operaciones  -entre ellas Colquiri-  siempre fueron objeto de critica, es por ello que el Presidente Evo Morales planteó la posibilidad de nacionalizar esta mina hace cuatro años, oferta que los trabajadores mineros de este distrito rechazaron. Este tema volvió a tapete de discusión en el último congreso de la FSTMB realizado en Potosí, en septiembre del pasado año, entonces un fragmento de la representación de Colquiri solicitó incluir en el documento político del congreso, la nacionalización de las minas de SinchiWayra, hecho respaldado por los representantes de Huanuni.

Las observaciones sobre la actual administración de Colquiri y los argumentos para su nacionalización son diversos, el accionar de sus ejecutivos siempre esta cuestionado, el último, la firma del convenio entre los cooperativistas que avasallaron sus instalaciones y la Compañía Minera Colquiri S.A., referente a la veta Rosario. Resulta que, esta veta que se encuentra de Norte a Sur, es parte del contrato de arrendamiento entre COLQUIRI S.A. y la COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri, por lo mismo, es la estatal minera quien debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas y/o yacimientos comprometidos en el contrato de Arrendamiento a segundas o terceras personas, al no darse esta figura, habría una tácita violación del contrato; por lo tanto, este quedaría nulo.

Sinchi Wayra siempre buscará sacarle el mayor rédito a sus operaciones, ya sean con contratos lesivos al Estado o firmando acuerdo para subarrendar sus áreas de trabajo con la condición de que se les venda la producción de minerales y así evadir las responsabilidades sociales y ambientales.

En el sector minero priman los intereses económicos por donde quieran verlo y estos se deben a la escalada en los precios internacionales de los minerales. Una ultima consulta es: ¿y cuando bajen los precios, qué vendrá? Lo más seguro es que operadores mineros cooperativistas y empresarios privados nuevamente exigirán medidas al Estado para garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. En mi modesto entender este es el mejor argumento para que el Estado nacionalice Colquiri y las otras operaciones de Sinchi Wayra, y así administre y  garantice el futuro minero de nuestro país.

El gobierno debe reflexionar que nacionalizar sólo las concesiones de la empresa Sinchi Wayra y dejar a los cooperativistas operando en Colquiri, es alentar un seguro enfrentamiento como el acontecido en Huanuni.