El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, alertó sobre el incremento de casos de violencia, acoso e intimidación contra periodistas en Bolivia, al registrar 10 vulneraciones de derechos solo hasta el 7 de mayo de este año, una cifra cercana a los 14 casos reportados durante todo el 2024. En respuesta, la institución defensorial activó una serie de acciones para visibilizar la problemática y brindar atención directa a las víctimas.

A través de una carta enviada a la ministra de la Presidencia el pasado 8 de mayo, Callisaya expresó su “profunda preocupación” por las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa en contextos de conflictividad social.

Además, anunció que los días 12 y 13 de mayo se instalarán mesas móviles en puntos estratégicos del país para recibir denuncias, mientras se coordina con jefaturas de trabajo la inspección a medios de comunicación por casos de precariedad laboral y adeudo salarial.

Paralelamente, la Defensoría impulsa la conformación de tribunales de imprenta en Oruro y Cobija, y promueve espacios de formación gratuita sobre periodismo sensible al conflicto a través de su Aula Virtual.

En el plano normativo, Callisaya informó que la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento activo al tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, actualmente en revisión en la Cámara de Diputados.

Esta propuesta normativa busca garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información en poder del Estado, reforzando los principios de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Desde la Defensoría se enfatiza que esta ley es crucial no solo para el ejercicio del periodismo, sino también para el fortalecimiento democrático del país.

En ese marco, la institución viene generando espacios de diálogo con periodistas, organizaciones civiles y actores legislativos, a fin de construir un marco legal robusto que respalde el trabajo de la prensa y promueva un acceso real y efectivo a la información pública.