UNITAS

Defender derechos conlleva “grandes riesgos” para la integridad y la vida de las personas, instituciones y comunidades que se abocan a esta tarea, muchas o casi todas no cuentan con plenas garantías y condiciones de protección, además se desenvuelven en un ambiente hostil y restrictivo, estas son las conclusiones obtenidas en encuentros departamentales de construcción de una propuesta de política pública para personas y organizaciones defensoras de derechos, encabezada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

Esta política pública de protección para personas y organizaciones defensoras de derechos fue presentada en el Foro Político Multiactor que UNITAS desarrolló este 7 y 8 de diciembre en la ciudad de La Paz, a la que acuden más de 150 representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, la cooperación internacional, la academia y autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, entre otras instituciones, colectivos y asociaciones.

La construcción de esta política pública fue de manera participativa en encuentros desarrollados en La Paz, Cochabamba y Tarija, junto a varias organizaciones de la sociedad civil de los nueve departamentos reunidos en estos espacios para conocer, debatir y plantear soluciones o propuestas que permitan mejorar las condiciones de trabajo de las y los defensores de derechos.

“La situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de derechos requiere de una política integral que permita proteger y garantizar su labor fundamental en la sociedad”, declaró la directora de UNITAS, Susana Eróstegui.

Amenazas, actos de persecución, violencia, estigmatización, restricción de su labor o intromisión son algunas de las formas en cómo se presenta el amedrentamiento en contra de las personas e instituciones defensoras de derechos. Los ejemplos de estas vulneraciones son las que sufrieron la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal; los seis periodistas que fueron torturados en el predio de Las Londras en Santa Cruz; las organizaciones de la sociedad civil que son acosadas por su labor en tareas de desarrollo o defensa de derechos; dirigentes de organizaciones sociales o activistas que son detenidos o reprimidos por su labor o por protestar exigiendo sus reivindicaciones o demandas sectoriales; entre otros.

El Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS registró entre enero y noviembre de esteaño un total de 58 casos de vulneración de personas y organizaciones defensoras de derechos, siendo las agresiones, amenazas, criminalizaciones y las obstaculizaciones en la realización de sus actividades las más frecuentes en el ejercicio o desarrollo de su labor.

“Hay vulneraciones a defensores de derechos en el país que se han incrementado en el último tiempo, está el caso de los periodistas con lo ocurrido en Santa Cruz, y cada persona que está en el cotidiano vivir de los ámbitos que nos movemos”, reflexionó el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert.

Las bases de la política pública para defensores de derechos

La política pública presentada en el Foro Político Multiactor establece tres bases sobre las cuales se busca la protección de las y los defensores de derechos humanos: obligación de respetar y prevenir, obligación de proteger y obligación de investigar, juzgar y sancionar.

Cuando se aborda la obligación de respetar y prevenir, se propone visibilizar y reforzar el reconocimiento público de la labor de las y los defensores, tipificar el bien jurídico protegido cuando se vulnera a un defensor de derechos, capacitar a los miembros de la fuerza pública y servidores públicos, desarrollar un marco legal e institucional para asegurar un ambiente seguro de trabajo para las y los defensores y otros.

En lo relacionado a la obligación de proteger, la propuesta de política pública enfatiza en la protección, integridad y libertad de las personas que defienden derechos humanos que se encuentran en situaciones de riesgo. Ejemplos como Colombia, donde hay un programa de protección de defensores de derechos humanos; en México, donde hay una ley de protección de defensores de derechos y periodistas; en Brasil, donde existe una política de protección nacional de defensores de derechos humanos, entre otros ejemplos, son una muestra de la respuesta de los Estados para proteger a estas personas y organizaciones.

En este punto se establece la creación de un mecanismo nacional de carácter mixto o estatal que pueda ser la encargada de procedimientos de evaluación del riesgo, alerta temprana y respuesta oportuna en la disposición de una medida protectora de calidad y efectiva a favor de quienes se abocan a defender derechos.

Por último, con relación a la obligación de investigar, juzgar y sancionar, lo que se propone es la adopción de medidas internas de parte del Estado que permita erradicar la impunidad por violaciones de los derechos de las personas defensoras, que se efectúen investigaciones independientes de los ataques que sufran y se sancionen a sus autores materiales e intelectuales.

“Tenemos una Constitución muy garantista, pero no vemos el iceberg que tenemos que enfrentar en nuestro trabajo. Esta política para defender a defensores de derechos está destinada a la protección cuando hay un daño o cuando se es perseguido. La política pública busca generar condiciones económicas sociales y políticas de poder manejarnos seguros, visibilizando y superando este iceberg al cual las y los defensores y sus organizaciones tienen que enfrentarse”, explicó Ramiro Orías, consultor que desarrolló el proceso de construcción de la política pública.

La propuesta de política pública considera a las personas defensoras de derechos no como objetos de protección, sino como sujetos de derechos. Defensor de derechos, se menciona en el documento, son las personas, grupos e instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como establece la Declaración de Naciones Unidas de 1999 sobre el deber de proteger los derechos.

Esta política pública, una vez presentado en el Foro Político Multiactor, será enviada y presentada a autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, además de gobiernos subnacionales, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, plataformas, colectivos y otras agrupaciones.