SUMANDO VOCES

Al margen de referirse al “posible tráfico de influencias”, la Fundación Tierra identificó al menos cuatro irregularidades sobre el millonario predio “Adán y Eva”, que fue adquirido por Rafael Ernesto Arce Mosqueira, el hijo del presidente Luis Arce, cuando el joven tenía 25 años.

Las irregularidades tienen que ver con la conversión del predio de Bosque de Conservación y Manejo Sostenible (categoría B-C) a propiedad empresarial y agrícola, la ampliación de los desmontes a mil hectáreas, la autorización para el cultivo de maíz y soya y las quemas durante la pausa ambiental decretada por el propio presidente Arce.

La primera irregularidad fue cometida en 2015, al momento de su titulación, cuando la propiedad fue calificada por el INRA como empresarial y agrícola, sin embargo, señala Tierra, “la zona donde se encuentra el predio tiene estrictas medidas de protección establecidas en el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz. La propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible (categoría B-C) y bajo la clasificación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP)”.

Agrega que esto significa que “la actividad agrícola sólo está permitida a pequeña escala, de manera manual y únicamente bajo sistemas agrosilvopastoriles. Los monocultivos y desmontes mecanizados no están permitidos en la zona”.

Y, aquí viene la segunda irregularidad señalada por la Fundación: “El Plan de Ordenamiento Predial (POP) otorgado y luego modificado por la ABT amplió los permisos de desmontes a casi mil hectáreas, vulnerando lo establecido en el PLUS.”

La tercera irregularidad es que el POP, según Tierra, “no contempla ni autoriza los cultivos de maíz y soya, situación que debería ser controlada y fiscalizada por las instancias estatales correspondientes”. Justamente esas son las plantaciones que ahora existen en la finca de Arce Mosqueira.

Y, la cuarta irregularidad señalada es que “a pesar de que en septiembre de 2024 se decretó una pausa ambiental ecológica en todo el país, prohibiendo cualquier tipo de quemas, meses después, en el predio en cuestión se registraron efectivamente varios focos de calor”.

La Fundación Tierra se especializa justamente en estudios agroambientales y fue la primera en dar información detallada sobre los focos de calor y la cantidad de hectáreas quemadas en Bolivia durante el 2024, año en el que, según dijo en sus informes, se produjo “el peor desastre ambiental de la historia de Bolivia”, por la magnitud de los incendios.

Una investigación periodística de la plataforma internacional CONNECTAS y medios aliados, publicada el 20 de mayo de 2025, informó sobre presuntas irregularidades en la compra de la propiedad agraria “Adán y Eva” por parte de Arce Mosqueira, “así como irregularidades en el uso del suelo y posibles delitos de tráfico de influencias y contravenciones de normativas agroambientales por parte de instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)”, señala la Fundación Tierra, que expresa su preocupación por esta situación.

Indica que “Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea. “Adicionalmente, además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada”, agrega.

Ante esta situación, la entidad pide que “se realiceuna investigación sin injerencia políticapuesto que, al tratarse de un caso con posibles conflictos de interés de alto perfil, es necesario que se lleve adelante dentro de un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral”.

Añade que un pronunciamiento oficial en este sentido sería una señal política de suma importancia para Bolivia. El país espera respuestas de las partes e instituciones involucradas, además del Poder Ejecutivo en general.