Por Adriana Gutiérrez Ampuero

La grave crisis del sistema judicial boliviano
El sistema judicial boliviano enfrenta una crisis estructural que combina corrupción, politización y falta de independencia. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y una profunda desconfianza pública. Aunque se han realizado reformas en los últimos años, como la creación de tribunales y leyes para promover la transparencia, los avances han sido limitados.

La interferencia de intereses políticos y económicos sigue obstaculizando la independencia judicial. Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de 2023, se destacó que muchas de las recomendaciones de 2019 sobre justicia y derechos humanos no se han implementado, perpetuando la desigualdad. la Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil presentó un informe alternativo al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde denunciaron el incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado, particularmente en relación con la justicia para sectores vulnerables.

La politización del sistema Judicial: un obstáculo para la justicia
Uno de los principales problemas es la falta de independencia judicial. A lo largo de los años, el sistema ha sido objeto de interferencias políticas, desde los gobiernos de Evo Morales hasta los de JeanineÁñez y Luis Arce. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), encargado de velar por la Constitución y los derechos fundamentales, ha sido acusado de actuar bajo presiones políticas. Esta politización se refleja en la designación de jueces y fiscales, quienes a menudo son seleccionados por su alineación política, no por méritos profesionales. Este proceso genera desconfianza, ya que muchos consideran que las decisiones judiciales responden más a intereses partidarios que a la imparcialidad.

El rol del Tribunal Constitucional Plurinacional: Paralizado y Bajo Sospecha
Un testimonio clave en este contexto es el de Natalie Patricia Flores, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien denuncia el colapso operativo del máximo órgano judicial del país. Según Flores, el incumplimiento del cronograma para las elecciones judiciales es alarmante. "En la historia de la justicia estamos en la peor etapa, en enero de 2024 ya deberíamos contar con nuevas autoridades", señala, pero la falta de plazos claros en las sentencias constitucionales ha permitido que el proceso se dilate indefinidamente.

La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar mandatos sin establecer un límite temporal claro, según Flores, refleja una preocupante falta de dirección y legitimidad. Este vacío institucional no solo alimenta la desconfianza de la población, sino que también obstaculiza el acceso a una justicia independiente y oportuna. Además, cinco de los nueve magistrados prorrogados continuarán controlando el Tribunal Constitucional, lo que agrava aún más la falta de renovación en cinco departamentos y limita la capacidad de los cuatro magistrados electos para conformar el quórum necesario para emitir sentencias en sala plena.

El informe de veeduría ciudadana realizado por la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia, liderada por UNITAS, destaca irregularidades en la preselección de magistrados judiciales para 2024. Se identificaron deficiencias en la transparencia del proceso, como la publicación tardía e incompleta de listas de postulantes y hojas de vida, así como errores en la clasificación de habilitados e inhabilitados. Estas fallas no solo afectaron la legitimidad del proceso, sino que también limitaron el acceso público a información clave.

Se observó un incumplimiento en los principios de equidad de género, con una participación femenina de solo el 26%, lo que evidencia la necesidad de implementar medidas concretas para garantizar una representación justa y equitativa. El informe concluye con recomendaciones urgentes para mejorar la transparencia, establecer criterios uniformes y garantizar que las decisiones se basen en estándares claros y objetivos

La Corrupción: Un Mal Endémico en el Sistema Judicial
La corrupción en el sistema judicial boliviano afecta a jueces, fiscales y otros actores clave, alimentando la desconfianza ciudadana. Según la abogada Hilda Mora Mora, "la gente ya no cree en el sistema judicial porque siente que sus derechos no están siendo protegidos adecuadamente". A pesar de iniciativas como el Observatorio Ciudadano de Transparencia, la lucha contra la corrupción sigue siendo insuficiente, lo que perpetúa la retardación de justicia y amplía las desigualdades en su acceso. La corrupción también se traduce en un trato desigual, con ciertos casos recibiendo atención inmediata, mientras que otros, especialmente los de personas más vulnerables, se demoran años sin resolución.

Retrasos injustificados y la violación del debido proceso
La politización y los retrasos en el sistema judicial son preocupantes, especialmente cuando se vulneran derechos fundamentales como la libertad de prensa. Roberto Méndez, periodista, recuerda el caso emblemático de Las Londras, donde seis periodistas fueron secuestrados y torturados. "Nos tuvieron un año y medio esperando por excusas como falta de recursos y notificaciones", explica Méndez, subrayando la incapacidad del sistema judicial para garantizar justicia de manera oportuna.

Prisión preventiva: una herramienta para la represión política
El uso excesivo de la prisión preventiva es otro grave problema, especialmente contra opositores políticos, activistas y periodistas. Según la Fundación Construir, el 66% de los detenidos en Bolivia están en prisión preventiva, lo que genera violaciones de derechos humanos. Human RightsWatch ha criticado esta práctica, señalando que se utiliza como represalia política. Muchos acusados no reciben las condiciones mínimas ni la atención médica adecuada para una detención digna. La Fundación Construir estima que el 66% de los detenidos en Bolivia están en prisión preventiva, evidenciando el uso excesivo de esta medida.

Condiciones carcelarias: El hacinamiento y la falta de atención médica
Las cárceles en Bolivia enfrentan una grave crisis. El hacinamiento y la falta de atención médica adecuada son problemas recurrentes. Un ejemplo emblemático es el caso de César Apaza, un dirigente cocalero que sufrió una embolia cerebral mientras se encontraba en prisión, atribuida a la falta de atención médica oportuna. La situación lo llevó a declararse culpable de los cargos que enfrentaba, con la única intención de recuperar su libertad y acceder al tratamiento necesario. Esto resalta las deficiencias tanto en la infraestructura penitenciaria como en la administración de justicia.

El caso Zongo: Justicia Ambiental y Derechos Indígenas
Los derechos de los pueblos indígenas están siendo sistemáticamente vulnerados, especialmente en relación con la protección de sus territorios. Edwin Limachi, juez de la comunidad Cahua Chico-Zongo, denuncia que las actividades mineras se realizan sin la consulta previa establecida por la Constitución. A pesar de la intervención de las comunidades, que expulsaron a un minero que operaba sin la consulta adecuada, las autoridades siguen persiguiendo judicialmente a los campesinos, evidenciando la corrupción del sistema judicial ordinario.

El informe de UNITAS presentado para el Examen Periódico Universal (EPU) subraya en sus parágrafos 12 y 13 la necesidad urgente de fortalecer las garantías para defensores de derechos humanos, como César Apaza, y para comunidades indígenas como Cahua Chico de Zongo. Estas recomendaciones enfatizan la protección contra represalias y persecuciones judiciales, promoviendo un entorno seguro para que líderes sociales y comunidades puedan ejercer su derecho a la defensa de sus territorios y recursos naturales. Dicho informe destaca la importancia de implementar medidas efectivas que aseguren justicia, acceso a reparación y cumplimiento del derecho a la consulta previa, especialmente en casos relacionados con conflictos medioambientales y extractivismo​.

El parágrafo 42 del informe de UNITAS para el EPU aborda la situación de las comunidades indígenas frente a actividades extractivas y destaca el caso específico de Cahua Chico de Zongo. Este señala que las actividades mineras en territorios indígenas se realizan sin consulta previa, violando la Constitución y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Además, se denuncia la judicialización de los líderes comunitarios que defienden sus tierras y derechos ambientales, lo que refleja un patrón de criminalización contra defensores indígenas. UNITAS recomienda garantizar la seguridad jurídica de las comunidades y cumplir con el derecho a la consulta previa, además de detener el uso del sistema judicial como herramienta de represión​

Conclusión: la justicia como pilar del Estado de derecho

Franco Albarracín, abogado y activista en derechos humanos, subraya la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial para garantizar su independencia y eficiencia. "Las reformas no pueden ser superficiales. Necesitamos un cambio real en la estructura judicial, que permita la selección de jueces y fiscales a través de procesos transparentes y meritocráticos", señala Albarracín.

Amparo Carvajal, activista de derechos humanos, también ofreció una visión crítica de las instituciones públicas y su capacidad para cumplir con sus funciones fundamentales. Carvajal destacó cómo los poderes públicos y organismos internacionales han perdido credibilidad ante la población, calificándolos de "pantomimas" que no responden a las necesidades reales de justicia.

 El informe de UNITAS para el Examen Periódico Universal (EPU), en su parágrafo 28, aborda el caso de Amparo Carvajal, activista de derechos humanos, destacando las dificultades y riesgos que enfrenta en su labor de defensa. El documento resalta las limitaciones impuestas por el Estado, incluyendo el incumplimiento de las normativas internacionales que garantizan la protección de los defensores de derechos humanos. También subraya la urgencia de asegurar un entorno seguro para su labor y la de otros defensores, como una condición indispensable para fortalecer el ejercicio de los derechos fundamentales en Bolivia

La crisis judicial en Bolivia no sólo es un problema interno del país, sino que también afecta la imagen internacional de Bolivia como un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. A medida que Bolivia se prepara para el Examen Periódico Universal en febrero de 2025, es crucial que el gobierno y la sociedad civil trabajen en conjunto para restaurar la confianza en el sistema judicial.