GREMIOS DE LA PRENSA TAMBIÉN SE PRONUNCIARON
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OACNUDH y la Defensoría del Pueblo abogan por Abecor y exigen garantías para su labor

El artista plástico Abecor. Foto: Página Siete - archivo

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo abogaron por el caricaturista Abecor ante las amenazas que recibió y demandaron garantías para que desempeñe su labor.

El organismo internacional afirmó, mediante Twitter, que los “discursos de odio no tienen sitio en una sociedad democrática y son un atentado a la libertad de prensa y expresión”.

“Los discursos de odio no tienen sitio en una sociedad democrática y son un atentado a la libertad de prensa y expresión. Las amenazas contra #Abecor exigen respuestas claras que protejan la labor de periodistas y fomenten medios de comunicación libres, independientes y plurales (sic)”, afirmó.

Tras haber publicado el 18 de octubre una caricatura en el diario paceño Página Siete que hacía referencia al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, recibió una serie de amenazas en sus redes sociales.

Desde la Defensoría del Pueblo también se emitió un pronunciamiento sobre la situación de Abecor y demandó a las autoridades de Estado indagar las amenazas que recibió.

“Exigimos a las autoridades del Estado que investiguen las amenazas en contra del caricaturista Abel Bellido, conocido como #Abecor, y que le brinden garantías para ejercer su trabajo y garantizar su derecho a la #libertaddeexpresión, consagrada en la CPE.(sic)”, se lee en una publicación en Twitter de la institución defensorial.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado donde rechazaron las amenazas contra el caricaturista y demandaron "plenas garantías".

Los gremios de la prensa denunciaron que se vulneró el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, protegido por la Constitución Política del Estado y, mediante el bloque de constitucionalidad, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística.